Senadores Harboe e Insulza buscan anular nuevas facultades de fiscalización de municipios
Según los senadores, la medida sería discriminatoria porque no todas las municipalidades tienen los mismos recursos para invertir en seguridad.
Con el detalle en mano del decreto presidencial que otorga nuevas facultades para fiscalizar a las municipalidades respecto a las restricciones sanitarias adoptadas por el Gobierno, los senadores Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS), impugnaron la medida ante Contraloría y la califican de “inconstitucional, injusta y peligrosa para los derechos de las personas”.
Los parlamentarios de Ñuble y del Biobío explicaron que “el Presidente de la República no puede entregar, por decreto, facultades que son propias, según la Constitución, y de rango legal que corresponden al Parlamento“.
La medida adoptada por el Gobierno y aplaudida por varios alcaldes del país busca que los funcionarios de seguridad municipal “participen en todas aquellas funciones que determine el respectivo jefe de la Defensa Nacional”, por ejemplo, colaborando con el respeto del toque de queda y las diferentes cuarentenas establecidas en Chile.
Funcionarios no tendrían preparación
De acuerdo a los parlamentarios de oposición, la medida sería “peligrosa para los derechos de las personas” porque se le estaría entregando facultades fiscalizadoras, de personas e incluso de recintos privados, “a funcionarios que no tienen preparación para ello”.
“Pensemos que hay guardias de seguridad que estudian cursos de 24 horas. Eso puede poner en serio riesgo la libertad, la seguridad de las personas y los derechos humanos de la gran mayoría de los ciudadanos”, advirtió Felipe Harboe.
Por otra parte, los parlamentarios también insistieron en que el decreto del Gobierno aumentaría la desigualdad en materia de seguridad entre los distintos municipios del país.
“Porque sólo podrán ejercerlas aquellos municipios ricos, que tengan financiamiento para poder contratar guardias municipales, dejando en la indefensión a la gran mayoría de los municipios pobres, que no tienen potestades para ello”, concluyeron los senadores Harboe e Insulza en el Congreso.
