Ex presidente del CPLT y filtración de mapa con contagiados: “Es una situación grave que se debe investigar”
Marcelo Drago afirmó que las autoridades del Estado deben velar por la protección de estos antecedentes personales, los que están separados de la información que exigen los científicos sobre la pandemia.
Preocupación e indignación provocó la filtración de una serie de mapas elaborados desde el Ministerio de Salud que contienen datos georreferenciales de las personas contagiadas con coronavirus en algunos barrios del país.
Los datos, que aparecieron en un medio digital, generaron la preocupación del ministro Jaime Mañalich, quien anunció la presentación de una denuncia para saber desde donde se pudo filtrar la información, la que iba a ser utilizada para trabajar en conjunto con los alcaldes para determinar algunos focos de hacinamiento y contagio en las comunas.
La situación generó debate en las redes sociales, considerando que para las autoridades la publicación de mapas con antecedentes tan precisos sobre los pacientes pueden generar situaciones de discriminación y violencia, además de vulnerar una ley que resguarda la confidencialidad de estos diagnósticos.
Marcelo Drago, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), analizó con EL DÍNAMO la polémica, la que surgió justo cuando parte de la comunidad científica está exigiendo al Gobierno la entrega de mayores antecedentes sobre la expansión de la pandemia.
La filtración de los mapas del coronavirus
El abogado calificó la aparición del llamado “mapa del coronavirus” como una “situación grave que se debe investigar”, precisando que en esta materia existe la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la que considera puntos esenciales para la protección de los datos de los enfermos.
“La protección de datos es bien precaria, es más bien débil, pero hay un área que es bien robusta que es el área de la salud que es la Ley de Derechos y Deberes, donde se señala que los datos de la ficha clínica son datos sensibles, los que pueden ser compartidos solo si el paciente los permite, y a los que pueden acceder el Ministerio Público y las autoridades como el Minsal, que velan por la salud pública, nadie más”, expresó.
Drago afirmó que lo más complejo es que la información salió desde una entidad estatal, ya que una filtración de este alcance implica una vulneración de las normativas de resguardo de información que están vigentes.
“El deber de la autoridad resguardar los datos, desde el punto de vista de la seguridad de la investigación y de los propios pacientes”, afirmó.
Sobre la publicación de los casos de coronavirus, el abogado afirmó que si bien los mapas publicados “son generales” en la entrega de información, están compuestos de información verídica que debería permanecer bajo confidencialidad y en manos del Estado.
Datos anónimos en la pandemia
Tras analizar este caso puntual, Marcelo Drago habló sobre los conflictos que han surgido en medio de la pandemia y al debate por el manejo de los antecedentes de los pacientes. Según él, el manejo de las estadísticas bajo el anonimato es fundamental para la transparencia en la labor de las autoridades.
El actual consejero del CPLT expresó que en el último tiempo “se ha escuchado una multiplicidad de voces desde el mundo científico que pide más datos en la medida que son datos anónimos, que no se identifiquen”.
“El acceso a la información permite la rendición de cuentas, por eso se debe entregar. Es importante que se dé de la forma más desagregada posible, manteniendo el anonimato, porque la entrega de información estadística sirve en este contexto”, aseveró.
El académico también afirmó que “es una falacia que no se pueda entregar la información, porque lo principal es conservar lo estadístico de forma anónima”.
Por el rol del CPLT en estos casos, el consejero opinó que “en una situación inédita como ésta se produjo una colisión entre manejo de información, y eso hace más evidente que la autoridad que difiera del dato estadístico al personal, y ahí es importante la actuación de un organismo que vele por la protección de los datos personales y exija los datos al Estado cuando corresponda”.
Desde hace tres años, el Congreso está debatiendo un proyecto que actualiza las normativas sobre la protección de datos, que justamente entregaría atribuciones mayores al CPLT para proteger estos antecedentes y buscar sanciones ante las filtraciones.