Educación superior en peligro

Diputados de oposición presentaron un proyecto que pondría en dificultades económicas a los planteles de educación superior, impidiendo una estructura de financiamiento arancelaria. ¿Habrá sido esto, parte de un proceso para estatizar la educación superior privada?

La pandemia ha traído severas complicaciones económicas a gran parte del país, afectando a diversos rubros de formas impensadas. Y es que las cuarentenas han impedido la apertura no solo del comercio, sino que de universidades y colegios, afectando fuertemente el proceso educativo. A esto se le suma un aumento en la cantidad de familias con complicaciones ligadas al desempleo o a la disminución de los ingresos. Lo anterior pone en riesgo la capacidad de los estudiantes de la educación superior para cumplir con el pago del arancel.

Frente a esta realidad es que un grupo de parlamentarios de la oposición presentó un proyecto para impedir y reprogramar el cobro del arancel, alegando que se buscaba ayudar a los estudiantes. Es de todo sentido atender a las necesidades de familias que han hecho un gran esfuerzo para llevar a uno de sus miembros a la educación superior, pero esto debe realizarse siempre bajo dos premisas: los recursos del Estado son limitados y deben priorizarse y, en ningún caso, el apoyo del Estado a los estudiantes debe poner en riesgo o intervenir la autonomía de la universidad. El proyecto original incurrió en el grave error de ignorar estas premisas fundamentales.

El gobierno y la Cámara siguen en conversaciones y ya fue aprobada la idea de legislar con indicaciones que limitan o reparan, en parte, su efecto nocivo, aunque posee todavía elementos negativos para el sistema o, directamente, inadmisibles como plantea el Ejecutivo.

Al margen del detalle del proyecto, lo relevante de esta discusión es que, en las intervenciones de diputados de oposición a razón de la votación de la idea de legislar y en comisión, se deja entrever explícitamente una visión peligrosa acerca de las universidades que, combinada con el proyecto inicial y el origen panfletario de estas posiciones, dan lugar para pensar en la intención de poner en peligro la autonomía de los planteles privados.

El planteamiento repetido de variadas formas por diputados como Camila Vallejo, Gonzalo Winter, Giorgio Jackson, Cristina Girardi y otros varios, es que el sistema de educación superior chileno no debiera financiarse con aranceles sino que, independiente de la cantidad de alumnos y las carreras que se impartan, el Estado debería financiar a las casas de estudio que, a su vez, proveerían de matrícula sin costo a los estudiantes.

Esta posición no solo es descabellada en la práctica, puesto que implica una barbaridad de recursos que presumiblemente tenderían a una menor eficiencia promedio del sistema; es decir, se haría menos a mayor costo; sino que además es injusto y regresivo.

Si un plantel de educación superior es financiado completamente por el Estado, implicaría que, en parte, los impuestos pagados por quienes menos tienen, financiarán también la educación de quienes podrían, sin complicaciones, pagar sus estudios. Sumado a lo anterior, los planteles de prestigio y gratuitos sufrirían un aumento en la demanda por ingresar, lo que decantaría en que aquellos que provienen de la educación escolar privada, tengan mejores posibilidades de acaparar las matrículas. Esto genera el peor de los escenarios: recursos de personas vulnerables financiando carreras profesionales a personas de los quintiles de mayor ingreso. Aquí algunos proponen una serie de elementos para “subsanar” estos problemas como subir impuestos o cuotas de ingreso para las universidades. La verdad es que es poco probable que aquellas medidas solucionen el problema y, por el contrario, lo agravarían.

Otro elemento complejo de esta concepción del sistema de educación superior es que, derechamente, elimina el espacio para planteles no estatales. Pero esto no es nuevo. Es sabido el vínculo de origen que posee la llamada “bancada estudiantil” con el movimiento estudiantil mismo y que gran parte de aquellas cosas que hoy se plantean en la política nacional, comenzaron a gestarse en espacios universitarios, los que funcionan como un verdadero laboratorio de grupos políticos más extremos. Incluso es posible remontar al movimiento de los pingüinos de 2006 y recordar cómo el fin a las AFP o una nueva Constitución por asamblea constituyente fueron tópicos que se intentaron, fallidamente, instalar en el petitorio de los escolares. Que hoy estén vigentes aquellos debates, reafirma el uso de espacios educacionales no solo como laboratorios políticos, sino que también, como un anticipo de lo que algunos conglomerados levantarán en la política nacional en meses o años siguientes.

Si nos enfocamos en la Confech, organismo alicaído en parte por la falta de financiamiento tras la fallida elección de la Fech, quien funcionaba como una suerte de financista pero que hoy no tendría acceso a su presupuesto anual de 300 millones de pesos, podemos anticipar algunos elementos del debate actual. Hace años que es recurrente oír en sus plenarias afirmaciones y lamentos que plantean que, frente a la imposibilidad política de cerrar las universidades privadas, pues así lo desean algunos, al menos debe evitarse que se generen más o, derechamente, se afirma que no debieran existir planteles no estatales. Este planteamiento trasciende un mero deseo y se traduce en demandas específicas que, de concretarse, pondrían en aprietos a los planteles privados y libres. Asimismo, empujarían al Estado al control de ellos y, finalmente, generarían gran riesgo a la autonomía de las casas de estudios, tan vital para la diversidad de proyecto educativo, el desarrollo del conocimiento y cuestionamiento constante propio de una universidad, la búsqueda de la verdad y la libertad de cátedra que impide al Estado normar el contenido específico de las clases.

No es casualidad entonces que aquello que se ha planteado por años en la Confech y espacios políticos universitarios, llegue finalmente a las bancadas de la oposición más extrema, la que termina por doblegar a aquella izquierda republicana y democrática, haciendo que se sume a sus posturas.

Cabe preguntarse entonces si es casualidad que, en primera instancia, se presenten proyectos que obliguen a esfuerzos mayúsculos a los planteles, con un claro sesgo hacia casas de estudio privadas y libres, con el objetivo de ponerlos en incómodas e insostenibles situaciones financieras para dar pie a una intervención y “rescate” estatal, al “estilo argentino” que en la práctica no es otra cosa que la estatización del plantel.

Las universidades son lugares donde el conocimiento se fortalece y se gestan tanto mentes críticas, como las habilidades que el país necesita en una serie de dimensiones distintas: emprendimiento, salud, política, tecnología, ciencia y un gran etcétera. Por lo anterior, es primordial defender su autonomía en la toma de decisiones y operación, no solo por la salud y los beneficios de un sistema de educación superior diverso y libre, sino que, para evitar dar un salto irreversible hacia la planificación central, en desmedro de la sociedad toda.