Orgullo LGTBIQ+ y pandemia: la urgencia de la interseccionalidad en las políticas públicas

Importantes son los trabajos a nivel mundial y local, que rinden cuenta de cómo los desastres revelan una serie de vulnerabilidades cotidianas y estructurales ante las cuales ciertos grupos de la población son especialmente sensibles (Hewitt; La Red; ONU).

Lamentablemente como se vio en desastres y emergencias anteriores, y cómo señalan Gómez y Zedillo (2018), las personas más expuestas a sufrir mayormente el impacto de las crisis y emergencias, son aquellas que en el cotidiano son discriminadas (por condiciones socioeconómicas, edad, género, etc.). ¿Qué implica esto en medio de una pandemia? Pese a que aún hay muy poco escrito sobre la materia, en nuestra experiencia trabajando con distintas personas y organizaciones LGTBIQ+, podemos ver que estos planteamientos teóricos están muy presentes en la realidad nacional y se materializan cada vez que existe una crisis social.

Lo anterior nos muestra la debilidad institucional, pero también el bajo reconocimiento y aseguramiento de sus derechos por parte del Estado chileno. Si bien Chile ha avanzado en materia de garantías legales para personas LGTBIQ+, lo cierto es que de acuerdo a un reciente informe de la OCDE (2019), nos encontramos entre los 14 países que obtienen más bajos resultados en medidas adoptadas para la protección de esta comunidad con apenas un 38% (comparado con un 76% de avances en Portugal y 87% en Canadá). Por su parte, en materia de derechos humanos Human Right Watch señala que los avances chilenos aún son insuficientes para garantizar los derechos de las personas LGTBIQ+ (HRW, 2020).

La pandemia ha evidenciado una serie de barreras o estancamientos sobre derechos adquiridos, que no solo fueron destacados por las diversidades sino que por el propio Estado. Y esto se vuelve aún más crítico si lo miramos bajo la perspectiva interseccional. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? La noción de interseccionalidad (Crenshaw, 1989) nos permite visibilizar la magnitud de los problemas de aquellas personas que experimentan simultáneamente varias formas de estratificación o de discriminación, por ejemplo, confrontar la pandemia COVID-19 para las personas trans hoy en día significa una serie de obstáculos que no han sido abordados desde la institucionalidad chilena pese a que en 2020, la Ley de Identidad de Género fue uno de los avances más mediatizados del último tiempo.

La postergación o suspensión de los procesos de cambio de nombre y sexo registral de las personas trans (travestis, transgénero, etc), ha implicado que hoy muchas no cuenten con un documento de identidad vigente y adecuado a las necesidades más urgentes. ¿Por qué? Sin un documento de identidad, acceder a bonos estatales e incluso tener acceso a la salud resulta complejo, las restricciones de movilidad que se imponen durante el Estado de Emergencia, suman barreras: han ocurrido casos de personas trans que han tenido que pasar controles de identidad con tratos denigrantes, siendo el más conocido el de Fernando Ojeda (hombre trans migrante controlado por Carabineros en el transporte público); para las personas trans acceder a tratamientos hormonales es prioritario para el equilibrio de su salud física y mental, sin embargo, muchas de ellas han tenido que suspender éstos, pues en este contexto no son considerados tratamientos esenciales; en medio de una crisis económica y sanitaria, para aquellas personas trans que requieren urgentemente trabajo, sin un documento de identidad, esta barrera puede llegar a ser infranqueable y la pobreza, la calle y el hambre constituyen una amenaza real sino ya una realidad.

Dado un sin número de situaciones que nos ponen en alerta, estamos muy lejos de considerar el presente año como un año de celebración, sino más bien lo estamos viendo como una conmemoración en nombre de muchas víctimas de la discriminación, de aquella diferencia que tanto preocupa a los sectores conservadores, y que ha llevado que muchas problemáticas terminen siendo invisibles para decidores de política pública, resolviéndose satelitalmente en Tribunales, en una especie de rebote de las responsabilidades políticas.

El avance limitado en el reconocimiento de derechos y en la incorporación de un enfoque de diversidad en las políticas públicas chilenas, tiene como consecuencia que muchas familias de parejas LGTBIQ+ sigan sin estar reconocidas (aún cuando existe el AUC), ya que el foco de la totalidad de las políticas sociales chilenas se mantiene basado en “la familia”: no existe al día de hoy un matrimonio igualitario ni una filiación que dé cuenta de la diversidad de familias que existen.

Las y los hijos/as de padres y madres de familias homoparentales (pese al fallo sobre la Familia Di Giammarino-De Ramón) continúan sin reconocimiento, lo cual tiene una serie de efectos para estas familias. Ante nada menos que una pandemia ¿quién decide sobre las medidas a tomar si un/a hijo/a de una familia homoparental LGTBIQ+ se encuentra grave y hospitalizado/a? Sólo quienes tienen legalmente la filiación, y la filiación homoparental no existe en términos legales. Sin dejar de olvidar que los recursos y escasos apoyos del Estado están pensado para familias heterosexuales por lo cual la heteronorma se sigue imponiendo como el modo de vivir en sociedad, al menos en nuestro país desde las autoridades públicas, en plena crisis económica y sanitaria.

Otra fuente de preocupación, ha sido la violencia de género no sólo porque ha sido abordada sobre la marcha, una vez que las cuarentenas se habían establecido y la violencia comenzó a incrementarse rápidamente, sino porque una vez más las medidas se destinan focalizándose sólo en mujeres y en los casos más graves. Aún tanto en la ley como en su implementación en diversos contextos, se ha mantenido esta línea, obviando la violencia que se ejerce sobre las personas LGTBIQ+, por lo que tenemos en algunos casos, también funcionarios/as constreñidos/as de no poder brindar atención en un contexto donde el confinamiento está afectando de manera importante a las parejas y a las familias.

La violencia de género en el caso de personas LGTBIQ+ puede ser también en contextos familiares y/o por sus parejas, pero ha prevalecido la mirada más tradicional sobre lo que se entiende por violencia de género, en este sentido si en general las personas LGTBIQ+ no han sido objeto de estas medidas, tanto la niñez como la adolescencia LGTBIQ+ no ha sido abordada desde ningún dispositivo específico.

Sumemos a todo lo anterior, aquellas personas LGTBIQ+ que además pertenecen a alguna etnia (indígena o afrodescendencia), y/o viven con alguna enfermedad crónica, con VIH y/o con alguna condición de discapacidad, aquellas que tienen trabajos precarios o que ejercen algún trabajo sexual, o aquellas que viven en zonas con problemas socio-ambientales, y así sumando estas variables, la problematización desde la interseccionalidad nos lleva a reflexionar sobre la urgencia de generar políticas públicas con un enfoque diverso.

Sabemos que pocas son las estadísticas que consideran estos entrecruzamientos, y que existe en general un subregistro al cual también podríamos adicionar otro tipo de condiciones extremas. Para lo precedente se requiere de intervenciones urgentes para casos graves que no están siendo considerados aún en las políticas públicas, sino de manera disgregada y mayoritariamente por esfuerzos específicos y localizados.

Con todo, no se debe olvidar que los derechos los reconoce y garantiza el Estado, por cuanto cuando éste no está presente frente a las necesidades de las personas LGTBIQ+ da muestra tangible que nuestros avances en materia de diversidad son más bien enunciativos que reales.

En el caso chileno, tanto ante crisis como en el cotidiano, el Estado se ha desresponzabilizado delegando en la ciudadanía y en su organización “solidaria” lo que debería ser de su acción. A pesar que el Estado cuenta con varias herramientas para hacer frente a estos problemas, la crisis COVID-19 nos devuelve fuertemente al punto origen de este mes como mes del orgullo, pues sin los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil por la reivindicación de derechos, sin los movimientos sociales contra las desigualdades, sin el movimiento feminista, las instituciones no hubieran avanzado en estas materias.