Consejera del CADP apunta a falencias en la ley que rebaja dietas parlamentarias
De acuerdo a Bettina Horst, la ley presenta varias fallas que habrían dificultado su trabajo, señalando además que la deslegitimidad del Congreso no se soluciona bajando sus rentas.
“La deslegitimidad del Congreso no pasa por sus rentas”, indicó una de las integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública (CADP), Bettina Horst, luego de que el organismo determinó las nuevas remuneraciones para parlamentarios, ministros y el Presidente de la República.
Según explicó la también directora del centro de estudios Libertad y Desarrollo en conversación con La Tercera, la deslegitimidad “es un problema a nivel mundial”.
“Distintos países han tenido crisis de confianza en sus instituciones, en sus actores políticos, lo cual no tiene que ver con la desigualdad de ingresos, ni con los sueldos que se están pagando a los funcionarios, sino con la respuesta que entrega a la ciudadanía los distintos estamentos”, indicó Horst.
Recordemos que el CADP fijó, tras más de un mes de análisis, que las dietas parlamentarias bajarán en un 25%, es decir, de $9.349.853 a $7.012.390. Mientras que el Presidente de la República, subsecretarios, intendentes y gobernadores, lo harán en un 10%.
Falencias de la ley
De acuerdo a Bettina Horst, la ley que establece la rebaja a las dietas parlamentarias promulgada en mayo por el Presidente Sebastián Piñera y aprobada previamente por el Congreso tras siete años de discusión, tiene ciertas falencias y errores que habrían dificultado la labor del Consejo de Alta Dirección Pública.
Según dijo, la ley fue un verdadero “zapato chino” porque las rentas de los ministros y de los parlamentarios tenía que ser la misma. Esto no tendría sentido para Horst porque no ocurre en el resto del mundo. Además planteó que ella era más partidaria de que las dietas del Congreso bajaran más respecto a la de los secretarios de Estado.
Por otra parte, la consejera insistió que durante la discusión de esta ley en el Congreso no se consideró “los riesgos que, precisamente, apuntan a empeorar la calidad de la política y de la administración del Estado”.
Horst también explicó que la nueva ley no considera a muchos otros cargos que serían igual de relevantes. De acuerdo a la consejera, estos son el de contralor, alcaldes, jueces de la Corte Suprema, entre otros.
