La pandemia y los titulares: el caso de los fondos de pensiones
José Pedro Undurraga Izquierdo es Ingeniero comercial y director de empresas
Sin duda la pandemia que sufre el mundo ha afectado gravemente al país. Por un lado, la propia enfermedad es un riesgo de muerte para el ciudadano común que se contagie, y por el otro, las medidas tomadas por la autoridad para evitar los contagios tienen un impacto en los ingresos de los ciudadanos, con caídas significativas en la producción y el empleo.
El gobierno ha utilizado distintas fuentes de financiamiento y ahorros, para acudir en ayuda de los más vulnerables. Muchas de esas medidas han debido ser motivo de leyes que han sido “negociadas” en el Congreso. Otras están en discusión y vemos con preocupación como algunas de las propuestas utilizan la pandemia como excusa para fines muy distintos de los declarados. Una de ellas es a mi juicio la propuesta de echar mano de los ahorros en los fondos de pensiones, propuesta que adolece de grandes titulares, grave daño al sistema, poco impacto real en los ingresos de los afiliados y ningún impacto en los miles de trabajadores por cuenta propia.
En primer lugar, quisiera destacar, que luego de dos comisiones presidenciales para estudiar propuestas de modificación de nuestro actual sistema de capitalización individual, con el propósito de mejorar las pensiones, la propuesta de permitir el retiro de un 10% del ahorro previsional, va precisamente en el sentido contrario del deseado, empeorará las pensiones y/o el gasto fiscal futuro, alterando nuevamente un acuerdo político previamente suscrito.
En segundo lugar, la propuesta es innecesaria en este momento, pues el Estado cuenta con otras formas de financiamiento y las está utilizando. Ello, teniendo el debido resguardo de prudencia, pues no se avizora solución de corto plazo a los contagios y la situación puede extenderse. No está demás recordar que no estamos tampoco inmunes a otros problemas o calamidades que puedan sobrevenir.
En tercer lugar, la propuesta surge de los mismos sectores que, cuando se recurrió a los Fondos de Cesantía, rasgaron vestiduras tras el argumento de que no se podía recurrir a los fondos de los trabajadores, para resolver un problema que es responsabilidad del Estado. No está demás considerar que esos fondos se han constituido con un aporte mayoritario del empleador, precisamente con el único propósito de hacer frente a situaciones de cesantía. Recordemos que los ahorros previsionales, en cambio, han sido constituidos en su totalidad con las remuneraciones de los trabajadores, con el fin específico de solventar pensiones.
Una cuarta razón por la que la propuesta es mala es que, como se desprende de la información pública, al retirar un 10% de los ahorros individuales más de un 50% de los trabajadores sólo podrían acceder a un máximo de $400 mil y entre esos, en promedio accederían a $120 mil. Un 55% de ellos solo accedería a un máximo de $35 mil. Asimismo, la propuesta es además regresiva tributariamente. Su atractivo comunicacional, sin embargo, es varios órdenes de magnitud superior a su efectividad real, y moros y cristianos corrieron a sacar provecho.
En quinto lugar, el Estado tiene muchísimos otros recursos de que echar mano, antes de siquiera pensar en que los trabajadores deban consumir sus ahorros previsionales, que no son planteados por las mismas razones ideológicas que los hacen preferir, en cambio, destruir el sistema de capitalización individual. Esto es, agrandar aún más el Estado y que el ciudadano pase a depender en mayor medida que hoy, de las dádivas del político de turno.
Sugiero sólo algunos de esos recursos disponibles, para ilustrar. Sin duda los impactos de unos y otros tienen magnitudes distintas.
La medida más ejemplar, por la señal que envía al país, es concretar rápidamente la rebaja permanente de los gastos de remuneraciones de los parlamentarios y el número de éstos. Una segunda medida inmediata, es ajustar temporalmente el gasto de remuneraciones del aparato estatal. Mientras los trabajadores del sector privado han debido quedar cesantes o ver reducidas temporalmente sus remuneraciones, el sector estatal capea la pandemia sin verse mayormente afectado (exceptuemos de esta medida a los trabajadores de la salud). Eliminar los 57 programas sociales gubernamentales mal evaluados. Vender bienes raíces y otros activos hoy improductivos en manos del Estado. Vender las empresas públicas deficitarias y vender el todo o parte de las rentables. Reducir el número de ministerios. Por mencionar algunas evidentes. Todas estas medidas análogas a las que ya han tomado los privados.
Por último, la propuesta olvida muchos otros detalles de los Fondos de Pensiones y del sistema, los cuales no me consta los proponentes hayan siquiera considerado. La liquidación en estampida de $20 mil millones de dólares (7% del PGB de Chile) tendría un impacto severo en los valores de rescate en un mercado incierto, lo que haría que los montos retirados fueran incluso menores que los señalados más arriba, o que el impacto en las pensiones futuras y los retiros programados actuales, fuere muy grave. Por otro lado, las pensiones de invalidez y sobrevivencia dependen de un seguro que contrata la AFP. El costo de contrato de ese seguro es función directa de los saldos de las cuentas individuales. Una reducción de los saldos produciría una alteración fundamental de los contratos ya suscritos produciendo redistribuciones impensadas, de dudosa legalidad.
Por estas y otras razones, la propuesta es una mala propuesta y los técnicos de unas y otras tendencias se han manifestado en contra de la propuesta.
