Violencia política en Chile: ¿de qué lado estamos?

El pasado 15 de noviembre, tras unas de las jornadas más violentas que vivió Chile durante la crisis que se desató el 18 de octubre, las fuerzas democráticas del Congreso Nacional firmaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. En él se acordó abrir la posibilidad de un proceso constituyente de más de dos años, que implicaba la creación de un “Congreso” paralelo para la discusión constituyente y que suponía la renuncia de los parlamentarios a su facultad constituyente.

Este martes 15 de julio, la cámara de diputados votó en particular el proyecto de reforma constitucional que permitía a las personas el retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones. No está de más decir que este proyecto cuenta con un rechazo transversal por parte de los economistas y expertos, pero es, sin duda, un proyecto con amplio apoyo popular. Más allá del resultado particular de esta votación, en los marcos de este debate surgió un elemento que se ha ido instalando en la vida pública chilena, y que había estado ausente por unos meses debido a la pandemia: la violencia política.

De la misma manera que los atentados simultáneos y organizados a las estaciones de metro en Santiago, los saqueos a supermercados y locales comerciales, el vandalismo que destruyó inmuebles, emprendimientos y monumentos antes del acuerdo constituyente; en esta oportunidad, las barricadas, ataques a comisarías y quemas de buses fueron la antesala de la votación del controvertido proyecto de retiro de fondos de pensiones. Hay que asumir, a estas alturas, la realidad: la violencia está instalada en Chile como una forma de ejercer presión política, y ha sido respaldada tácitamente por grupos de izquierda que llamaron a la “desobediencia civil” en meses anteriores.

Si bien la violencia como método de acción política había estado inactiva en las últimas décadas de la vida pública en Chile, es posible encontrar algunos gérmenes de estas prácticas y de los líderes que hacen la vista gorda al vandalismo. Sin ir más lejos, en las diversas universidades a lo largo del país se han instalado prácticas totalitarias de manera recurrente: acusaciones falsas y condenas públicas que transgreden gravemente el principio de presunción de inocencia; agresiones a candidatas que promueven ideas distintas a las de la izquierda universitaria, entre otras. Estas prácticas no sólo dan cuenta de una decadencia en la forma de hacer política a nivel nacional, sino que es el reflejo y la consecuencia necesaria de la mentalidad totalitaria que inspira a los grupos que participan y validan estas prácticas.

Las vías de hecho y la violencia han comenzado a influir de manera ilegítima en la discusión pública nacional. Diputados socialistas y frenteamplistas (ex líderes universitarios), en los marcos de la discusión por el retiro de los fondos de pensiones, advertían amenazantes que, de no aprobarse la reforma, podría darse un nuevo “estallido social”. ¿Se referirán a los atentados al metro, a los saqueos y al vandalismo?

La violencia política es una lamentable realidad en Chile. Detenerla y terminar con ella requiere, naturalmente, de un gobierno dispuesto a pagar los costos políticos de enfrentarla. Sin embargo, esos esfuerzos serán en vano sin un compromiso total de las fuerzas democráticas de Chile, con una condena irrestricta a la violencia como método de acción política. Chile enfrentará tremendos desafíos en los próximos meses. Estaremos de acuerdo en que una recuperación económica y social será imposible si la violencia y vandalismo que destruye puestos de trabajo, sueños de vida y negocios familiares en las comunas más vulnerables del país continúa. En este tema la cuestión es simple: se está con el Estado de Derecho, la paz y la democracia, o con la violencia y el chantaje. Espero que las nuevas generaciones tengamos claro de qué lado debemos estar.