Contraloría: desfase en Registro Social de Hogares afectó a más de 3.000 postulantes a Bono COVID
Estas personas no pudieron obtener el primer pago del beneficio por el retraso del Registro Social de Hogares para modificar la información de sus postulaciones.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría al Registro Social de Hogares (RSH), detectando un desfase de hasta cinco meses en su base de datos, además de retrasos en organismos como Fonasa, IPS y AFC, afectando la postulación de 3.014 personas al Bono COVID.
El organismo indicó que estas personas no pudieron obtener el primer pago del beneficio por el retraso del Registro Social de Hogares para modificar la información de los postulantes hasta el 21 de marzo de este año.
De esta manera, hubo “3.014 casos que fueron resueltos con posterioridad al 26 de igual mes y año, fecha de corte para determinar los habilitados para el primer pago del bono Covid-19; por lo cual los ciudadanos no vieron reflejada esa modificación para ese mes de marzo, lo que pudo afectar su calificación socioeconómica, impidiendo su habilitación para la obtención de dicho beneficio”.
Junto con ello, las bases de datos de instituciones como Fonasa, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), relativas para el pago del seguro de cesantía, pensiones y beneficiarios del Fondo Nacional de Salud, “para el mes de abril, tenían un desfase de 5 meses, y no de 2, como lo señalado por la Subsecretaría de Evaluación Social”.
“De lo expuesto se advierte que la información contenida en las bases de datos que componen el instrumento utilizado para determinar los beneficiarios y beneficios que otorga el Estado, esto es, el RSH, presenta desactualizaciones y/o desfases, lo que genera riesgos de inconsistencias de puntajes a una fecha determinada”, señaló.
Contraloría explicó que la presencia de estos desfases hace que el Registro Social de Hogares entregara una calificación socioeconómica a una persona obtenida con datos extemporáneos, no reflejando “la realidad actual de quienes postulan a los referidos subsidios y, en consecuencia, no ser beneficiarios de estos, a pesar de que producto de la pandemia que enfrenta el país se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad o, en defecto otorgarselo a quienes no cumplen con tal requisito”.
Pero el organismo contralor también detectó que 69.802 requerimientos de modificación de datos, cuya solución del caso demoró más de 5 días hábiles, llegando incluso a superar los 50 días.
A esto se suman otros 1.048 casos a los cuales todavía no se entrega respuesta a la solicitud de cambio de datos realizados, superando los ya citados 5 días hábiles.
En tanto, el reglamento del Subsidio Mínimo Garantizado debía emitirse 90 días después de publicada la ley, pero 125 días después, esto el 6 de agosto, seguía en revisión.
