Qué está fallando en el Sistema Penal Adolescente y cómo afecta los derechos de los menores de edad

Un joven de 15 años fue detenido cometiendo un delito en Valparaíso solo 5 minutos después de haber salido de un control de detención en el tribunal local. A solo unas cuadras, asaltó a una persona en vía pública, siendo capturado nuevamente por Carabineros.

Estos casos, a pesar de representar un porcentaje bajo en Chile, dejan en evidencia las falencias que aún persisten en el Sistema Penal Adolescente tras 12 años de su implementación.

La ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) estableció un sistema especializado para este grupo de población. Según lo revelado por la Defensoría Penal Pública (DPP), entre 2008 y 2018, el número de causas penales con participación de adolescentes bajó en un 36,8%.

Sin embargo, un estudio elaborado por la Unicef y la DPP detectó “fallas” en el sistema, el que no estaría recibiendo la atención, intervención y recursos necesarios para reinsertar de forma efectiva a los menores de edad, ni considerando su realidad familiar y social al momento de incurrir en los delitos.

El problema no tiene como principal responsable a ley como tal, aseguran, sino que involucra al conjunto de entidades relacionadas con la protección de los niños y adolescentes, que no han cumplido con la capacitación de sus trabajadores ni con el seguimiento y acompañamiento a los jóvenes luego de pasar por el sistema, con el fin hacer una completa reinserción, ya que la ley por si sola no puede cumplir con tal objetivo.

Según el estudio, en el ámbito de la justicia juvenil son muchos los adolescentes con un historial de privación sociocultural, maltrato o abuso, consumo de drogas y alcohol, deserción escolar, ausencia de un adulto responsable -o negligente- en su formación, cuidado e imposición de límites, y que muchos de ellos viven en zonas de conflicto, donde existe el tráfico de drogas, el uso de armas y la violencia en general.

Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la DPP, sostuvo que el hecho de que no se haya avanzado en esta área en los 12 años que han transcurrido desde la promulgación de la ley responde a una falta de visión política.

“Derechamente es un tema de voluntad política a estas alturas, de las instituciones, de contar con los recursos, con fiscales especializados y jueces especializados. A veces creo que no lo quieren hacer por tema de volúmenes”, asegura.

Aranda agrega que nuestro país ha ido envejeciendo durante los últimos 10 años, por lo que hay un 30% menos de adolescentes de entre 14 y 17 años. “Alguna vez los adolescentes eran el 10% del sistema penal, hoy en día están por debajo del 5% “, sostuvo a EL DÍNAMO.

“Como son menos, el invertir o inyectar recursos en especialización termina siendo algo económicamente no rentable, y eso es un problema porque el que sean menos nos abre las posibilidades de intervenir mucho mejor”, agregó el jefe de la Unidad de Defensa de la DPP.

Internación excesiva y falta de profesionales

El estudio también muestra que la ley ha tenido algunos avances significativos, provocado que menos adolescentes incurran en delitos. Así como también se ha avanzado en la especialización de los actores de la justicia penal juvenil, destacando la DPP por sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial,  pero no así en la de los actores que intervienen en el proceso penal, que básicamente aplican una justicia para adultos en los menores de edad.

Ludimilla Palazzo, especialista de Protección de UNICEF Chile, explicó a EL DÍNAMO que estas fallas se dan por variadas razones, como “falta de profesionales especializados y presupuesto para contar con estos profesionales a nivel nacional. El país necesita invertir en una formación continua de estos profesionales”.

Esta falta de profesionales que tengan los conocimientos necesarios para procesar a los menores de edad ha provocado que se abuse de la medida de internación provisoria, que en relación al sistema de adultos es comparable con la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, muchos de los jóvenes que pasan por este proceso no reciben condenas debido a falta de pruebas o por la gravedad en el delito mismo. El 66,4%  de los adolescentes tiene un solo ingreso, es decir, sólo cometen un delito durante esta etapa.

Tanto desde Unicef como de la Defensoría Penal Pública recalcan que el hecho de que los jóvenes pasen por la experiencia de esta internación provisoria puede traer una serie de consecuencias, ya que se mezclan adolescentes que cometen faltas menores con otros que sí han cometidos delitos de alta connotación social.

“Lo que fue una pelea de colegio o cosas así, la Fiscalía va y te procesa por homicidio frustrado, quedas preso tres meses, perdiste el año escolar, conociste gente que sí cometía delitos en serio (…) al final el adolescente privado de libertad, en una edad súper vulnerable, empieza a comportarse como un aislado de la sociedad, que es como lo están tratando. ‘Sí me dicen que esto soy, así me porto'”, ejemplifica Aranda de la DPP.

Bajo la misma línea, Palazzo argumenta que en esos casos estas medidas son innecesarias, pero tienen un gran impacto en la vida de los menores.

“No es lo mismo lo que pierde el adolescente con la privación de libertad y el impacto que tiene eso en su desarrollo y en su capacidad de ser reinsertado en la sociedad. Entonces el sistema no ha dado cuenta de que se necesita reducir al máximo la internación provisoria“.

Reforma al Sename y unificación de condenas

Los expertos coinciden en que el proyecto de reforma al Servicio Nacional de Menores (Sename) va a abrir las puertas para que se puedan destrabar estas fallas en el Sistema Penal Adolescente, ya que se contemplan puntos como la unificación de condenas y da paso al nuevo Servicio de Protección a la Niñez.

Palazzo explicó que uno de los puntos destacables de este proyecto es el que hace alusión a la unificación de condenas, ya que hay casos en que un adolescente tiene múltiples sentencias por más de un delito, y llega hasta la vida adulta cumpliéndolas.

“Esta medida es tomar la condena que sea más favorable para la reinserción. No se trata de no condenar o no responsabilizar a un adolescente que cometió un delito grave, es mirar la trayectoria delictual y decidir una sola condena que se le aplicará, no múltiples sentencias”, concluye la especialista de Unicef.