Cómo impactarán los aranceles regulados en el desarrollo de investigación en las universidades

Tras la petición del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) de suspender la implementación de los nuevos aranceles regulados, -que deberían comenzar a aplicarse de manera gradual a partir de 2022 en las instituciones adscritas a la gratuidad-, diversos son los argumentos que han esbozado los gremios y los rectores.

Los que más se repiten son la merma económica que podrían sufrir algunos planteles; que la metodología sería sólo válida para un sistema universitario homogéneo, que no es el caso chileno; y que no se hace hincapié en la importancia de la investigación, al no diferenciar entre las universidades con fuerte foco en su desarrollo y las que no.

De esta manera, este proceso, -que permitiría poner en marcha la regulación de valores de aranceles, derechos básicos de matrículas y cobro por concepto de titulación en el caso de las instituciones adscritas a la gratuitad, según lo establece la Ley de Educación Superior-, está lejos de estar zanjado.

Dudas en investigación

Para las 30 universidades que conforman el Consejo de Rectores, y que se hicieron parte en la declaración pública a través de la cual se expresaba la preocupación e inquietudes en torno a este proceso que lidera la Subsecretaría de Educación Superior, hay razones de sobra para suspender la aplicación de los aranceles regulados en las universidades, incluido el tema de la investigación.

En esa línea, Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, institución que integra el CRUCh y que está acreditada en investigación, explicó a EL DÍNAMO que estos nuevos aranceles regulados, tal como han sido planteados, no le otorgan una adecuada atención a la investigación en las universidades.

“En su cálculo no se hace la correcta diferenciación de costos entre una institución docente y otra compleja, con alto nivel de investigación. Tampoco se considera el respectivo impacto, tanto a nivel nacional como internacional, que la investigación tiene. Estos aranceles no promueven una educación de buena calidad, sino que un modelo de gestión que tiene una lógica privada y desconoce el rol de las universidades en regiones, que tienen otras estructuras de costos”, explicó Rojas.

De igual forma, el rector de la Universidad de Chile y hoy presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, Ennio Vivaldi, por medio de una carta enviada a El Mercurio, hizo énfasis en el segundo plano en el que figura la investigación bajo este modelo, tras afirmar que “la regulación de aranceles dada a conocer, no le atribuye un rol distintivo al desarrollo de la investigación en la frontera del conocimiento”.

Esto último, precisamente, en relación a la falta de distinción que se haría entre las universidades con una clara orientación hacia la investigación y los que no la tienen. “No existen muchas diferencias para el Mineduc entre una institución eminentemente docente y otra con alto nivel de impacto de su investigación a nivel nacional e internacional. Resulta increíble que no se reconozca siquiera el impacto que la investigación tiene en la calidad de la docencia“, señaló Vivaldi.

Pero, ¿hay espacio para acoger la demanda de los rectores en esta materia? El tema es que la ley, que fue aprobada en el Gobierno anterior y promulgada en mayo de 2018, establece que sólo se deben considerar los costos asociados al impartir una carrera, o sea, principalmente docencia.

Así lo explicó a EL DÍNAMO el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, quien señaló que “en este debate es sumamente importante aclarar algunas opiniones: lo primero es que la Ley de Educación Superior es sumamente clara respecto de que los aranceles se deberán determinar en base a los costos directos e indirectos de impartir una carrera. Es decir, es la ley la que no contempla que se considere la investigación que realizan las instituciones dentro del proceso”.

Pese a ello, el subsecretario Vargas afirmó que la propuesta de aranceles regulados que presentaron igualmente incluye una forma de compensar este tema relativo a la investigación a las universidades, a través de la incorporación de bonificaciones.

“Justamente con el objetivo de poder valorar este componente, que sin duda tiene un impacto positivo en la docencia, nuestra propuesta establece ponderadores que bonifican los aranceles de las instituciones, dependiendo de sus años de acreditación institucional, de si se encuentra acreditada en todas las áreas o dimensiones (incluyendo investigación) y de su complejidad (en términos del grado académico de los docentes), entre otros aspectos. Lo anterior, en definitiva, permite valorar la mayor complejidad de una universidad, entendida como capacidad investigadora”, agregó Juan Eduardo Vargas.