Entre lo social y lo liberal

En reiteradas ocasiones, personajes públicos de todo el espectro han buscado diferenciarse de lo que comúnmente se identifica como el proyecto “neoliberal chicago-gremialista”. Por dar algunos ejemplos, el alcalde de Las Condes se definió como socialdemócrata, y Velasco, Harboe y Walker, en una columna de opinión en el medio El Mercurio, declararon su posición ideológica a favor de una “Convergencia Democrática entre social liberalismo, social democracia y social cristianismo”.

A pesar de lo que comúnmente repiten los críticos de lo que en verdad se llama liberalismo clásico, esta ideología no establece una oposición a priori a la acción del Estado, sino en determinados casos. De hecho, dentro de la teoría liberal hay cierto consenso en que, para el correcto funcionamiento del mercado, son necesarias ciertas actividades estatales, asociadas a otorgar seguridades o reducir los riesgos comunes. Ciertamente, distintos autores, incluyendo a Mises y Hayek, reconocen que no es extraño que, en la medida en que un país se enriquece y progresa técnica y tecnológicamente, el Estado deba gradualmente mejorar los mínimos suministrados y la calidad de los servicios. La preocupación liberal, a este respecto, es que se utilice correctamente el gasto público y que no se vicie la competencia o se limiten las libertades por causas no razonables, más que si la política es o no estatal. De hecho, en la medida en que la intervención y gasto público se encuentra bien orientado, esto puede ayudar a que el país pueda poseer más recursos, ser más productivo, reducir el costo de vida, entre otros.

No hay quien niegue los grandes logros generados en el “modelo chileno”, como tampoco es posible ignorar las fallas que se han revelado en el tiempo. Y es obvio que así sea, pues se trata de un proyecto que todavía se encuentra en construcción. Asumir lo anterior es perfectamente compatible con la visión liberal, en tanto como teoría se encuentra abierta y reconoce no tener la certeza de si se están o no implementando las mejores soluciones que permitan el funcionamiento más beneficioso como sea posible de la economía de mercado. Por cierto que hay instituciones que requieren ser mejoradas, ya que tal como se encuentra el país, hay resultados que se producen en la esfera del mercado que son fácilmente identificados como inmerecidos, desacreditando la pretendida justicia del “modelo” ante la opinión pública. En línea con esto, es de común sentido que la agenda política deba colocar urgencia en mejorar la calidad de los servicios de aquellas áreas que profundizan la desigualdad de partida, como ocurre con infancia, educación, salud y desigualdad comunal, y abordar de una vez la inercia que priva a miles de personas de los beneficios que ofrece el desarrollo. Esto permitiría, a su vez, aumentar la competencia y relegitimar los resultados del mercado.

En virtud de una sana e informada discusión ideológica, la caricatura que se ha hecho del liberalismo clásico no puede seguir siendo causa de la identificación política, ni tampoco el objeto contendor de la oposición. La derecha no es la misma que hace 47 años. Incluso es posible identificar en los programas de Chile Vamos políticas que reconocen que “el modelo” —no solo de la dictadura, sino también de la Nueva Mayoría— requiere ser mejorado, precisamente en lo que a la igualdad de partida, políticas públicas y modernización del Estado se refiere. Ello no implica ni exige abandonar el liberalismo. Esta visión, al igual que aquellas que utilizan la categoría “social” para marcar alguna diferencia, posee en su repertorio políticas que van en pro de la ciudadanía y de cierta igualdad mínima.