Corte Suprema de Colombia ordena al Gobierno a pedir perdón por la violencia de la policía
Las fuerzas de control están haciendo una intervención sistemática, violenta y arbitraria en contra de los manifestantes, según el fallo del máximo tribunal colombiano.
En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno a que pida perdón por la violencia desmedida de la policía y que garantice el derecho a la protesta pacífica.
El fallo publicado este semana señala que “entre las medidas (…) está la implementación de un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores que se denominará Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.
Esto porque las fuerzas de control estarían haciendo, según lo dictaminado por la Corte Suprema, una “intervención sistemática, violenta y arbitraria” en contra de los manifestantes.
En un documento de 171 páginas, que se dio como respuesta a varias denuncias que pedían exigir el derecho a la protesta pacífica, la Corte Suprema señaló, en referencia a la policía, que “sus actividades no controladas representan un riesgo, una amenaza seria y actual para quien pretenda salir a movilizarse para expresar pacíficamente sus opiniones”.
“Porque su actuar lejos de ser aislado, es constante y refleja una permanente agresión”, agrega el fallo.
Mediante una declaración de cuatro párrafos, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió a responder casi al límite del plazo de 48 horas impuesto por la Corte Suprema y reiteró el perdón por la violación a la ley por parte de policías que ya había expresado el 11 de septiembre, dos días después del homicidio de Javier Ordóñez.
“La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Me refiero a cualquier violación a la ley, en cualquier tiempo, en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución, con lo cual se garantiza el respeto al debido proceso que asiste a cada uno de los miembros de la Fuerza Pública”, expresó la autoridad.
Igualmente, indicó que serán las autoridades judiciales y disciplinarias competentes las que determinen las responsabilidades en cada caso individual.
