Ministerio Público aseguró que hubo más de ocho mil víctimas de violaciones a los DD.HH durante estallido social

Un total de 8.575 personas fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de octubre de 2019, según lo revelado por el Ministerio Público.

La cifra, que según señalan podría aumentar, fue entregada en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, donde se detallaron también la cantidad de funcionarios policiales que han sido investigados por estos hechos.

En la instancia, la directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Ymay Ortiz, sostuvo que “la cifra de casos asciende a 8.575 víctimas, nosotros las contamos como víctimas. De esos, tenemos como imputados conocidos que nos permitían poder identificarlos son 919. Desconocidos tenemos alrededor de siete mil”.

“Tenemos a 63 funcionarios policiales formalizados en 29 causas. Todos estos imputados están con medidas cautelares decretadas, ya sea prisión preventiva o medidas cautelares”, explicó la abogada, agregando que “se han presentado acusaciones en tres casos, tenemos un caso de condena y durante la semana del cinco de octubre se actualizará la información estadística donde se van ingresando los casos formalizados”, agregó.

En ese contexto, Ortiz explicó que aún hay audiencias fijadas para octubre de este año, por lo que ese número podría seguir aumentando.

Por otra parte, y en relación a la diferencia entre los casos y los formalizadas, la directora de la Unidad de Derechos Humanos recalcó que se les facilitaron los recursos, pero que estos “son finitos” , por lo que se complicó la identificación de las causas que tuvieron como resultados daños oculares o desnudamientos, ya que no están tipificados como tal en el sistema.

Respuesta y cifras de Carabineros

Respecto a las cifras de violaciones a los derechos humanos entregadas por el Ministerio Público, autoridades de Carabineros sostuvieron que hasta la fecha se llevaron a cabo 1.270 procesos investigativos internos por estas causas.

“En un año normal se tienen alrededor de 1.200 procesos y haciendo esta comparación, en estos 6 meses, solo por hechos de la contingencia esta cantidad fue superada con creces. Sin perjuicio de ello, hoy 28 de septiembre el 88% de estos procesos ya se encuentra finalizado en su etapa investigativa”, informó el director de la Contraloría General de Carabineros, general inspector Gonzalo del Alcázar Sandoval.

Alcázar detalló que 151 sumarios ya fueron cerrados y 48 se encuentran en tramitación. Asimismo, y en relación a las indagatorias explicó que ya se dio término a 663 de ellas, mientras que otras 108 se encuentran aún en trámite.

El uniformado reveló que en 81 de estas investigaciones se formularon cargos, los que fueron en contra de 170 funcionarios a lo largo del país, de los cuales 16 fueron desvinculados de la institución: a 19 se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo. En tanto, 135 se encuentran con otras medidas gravosas, como el arresto, la reprensión y amonestación.

“No ha resultado fácil ni expedito llevarlos adelante, considerando todos elementos de prueba que requiere un proceso administrativo y que están disponibles”, indicó Alcázar argumentando que esto es debido “a la falta de interés de las personas afectadas, quienes en la mayoría de los casos dan preferencia o prioridad al proceso penal, a la denuncia ante el Ministerio Público, y que esta obviamente, por sobre el procedimiento administrativo que lleva a cabo la institución”

“La solicitud del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos al general director de Carabineros, en el sentido de evitar el contacto directo con las víctimas a fin de no revictimizarlas, como ya dijimos, también con la coordinación directa con el Ministerio Público, lo cual no es posible, debido a que la institución no es interviniente de esos procesos y no se nos entrega información por imperativo legal. Tampoco fue posible acceder a los antecedentes de la primera atención médica, puesto de que muchos puestos de salud (…) se ampararon en la Ley 20.584 sobre reserva de los datos del paciente”, concluyó Alcázar.