Linchamiento mediático y ley mordaza: atentados a la libertad de expresión

La izquierda progresista chilena le tiene echado el ojo a la libertad de expresión, siguiendo el ejemplo decadente de grupos de izquierda en Europa y Estados Unidos. Este fenómeno, en todo caso, no es tan reciente, sino que se viene incubando hace rato. Todo parte hace más o menos cinco años atrás, con la cultura de la cancelación (“cancel culture”), que surge como una reacción hacia aquellos actores públicos -incluyendo empresas- que, habiendo hecho o dicho algo inconveniente u ofensivo, son víctimas de una agresiva campaña pública para “cancelar”, anular o boicotear a esa persona o empresa, afectando su carrera profesional y reputación. En simple, es una suerte de linchamiento mediático.

En esta estrategia, las redes sociales y los medios de comunicación son fundamentales. Sin el compromiso y activa participación de estos últimos, sería imposible llevar a cabo estos actos de matonaje o de censura, que restringen o limitan el libre y fluido debate e intercambio de información, opiniones e ideas en una sociedad democrática. Esta cultura de la cancelación ha sido capaz de aumentar los grados de polarización en el mundo, afectando gravemente la libertad de expresión y el pluralismo.

En nuestro país, el justificado cuestionamiento ciudadano sobre el rol de los medios de comunicación y redes sociales en el ámbito político, en especial a partir del 18 de octubre pasado, ha sido creciente. Ellos han sido ampliamente sindicados como uno de los principales responsables del incremento en los niveles de temor, confusión, desinformación y polarización que vive la sociedad chilena. Por otra parte, la inmediatez de las redes sociales ha tenido un efecto paralizador e intimidante en el mundo público. Hemos sido testigos de la capacidad de presión e intimidación de estas redes, haciendo de las amenazas y funas un método de acción política que ha terminado por influir o alterar la voluntad ciudadana. Es una expresión de la dictadura de la información.

Usted dirá que exagero. Veamos la evidencia primero. Aunque no son los únicos, me referiré a dos casos que acapararon la atención de la opinión pública en días recientes. El primero de ellos dice relación con la sanción impuesta por el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, en contra del Canal 13 por vulnerar la ética periodística. Muchos recordarán el lamentable episodio ocurrido en un matinal y protagonizaron la periodista Tonca Tomicic, abiertamente declarada de izquierda, y el panelista Hermógenes Pérez de Arce, abogado reconocidamente de derecha. Frente a opiniones del panelista sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en el régimen militar, la periodista -cual censora totalitaria- lo expulsó del programa. Ante aquella vergonzosa, reprochable y grave actuación del canal -y de la periodista-, el criterio del Comité de Ética es acertado y oportuno, pues la califica como una conducta que atenta en contra de “tanto la libertad de expresar opiniones como el respeto a los entrevistados, además del daño que se produce a las audiencias por la entrega de un mensaje inadecuado” (texto de la resolución Nº246).

Pero los afanes totalitarios de la izquierda progresista por limitar la libertad de expresión no se detienen ahí. No conformes con la cultura de la cancelación, ahora quieren imponernos una ley mordaza. A través de una moción legislativa, un grupo de diputados de izquierda -incluyendo un DC- pretende incorporar como delito el “negacionismo” con respecto a las violaciones a los derechos humanos en el régimen militar. Se pretende, así, silenciar y perseguir criminalmente a los chilenos para comentar o emitir opinión libremente sobre una etapa de la historia de nuestro país, afectando gravemente el libre ejercicio de la libertad de expresión y de información reconocida expresamente en nuestra Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

Junto con su reproche jurídico, el proyecto de ley resulta altamente cuestionable desde el momento en que instaura, por vía legal, una censura propia de regímenes totalitarios. De ahí que el anuncio de un grupo de parlamentarios de Chile Vamos de recurrir ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la constitucionalidad de este proyecto y la instauración de una suerte de dictadura ideológica, resulta plenamente necesario y justificado.

En efecto, la respuesta de una sociedad democrática ante estos discursos negacionistas no debe ser necesariamente penal, menos cuando se trata de limitar un discurso que ante todo es fruto del ejercicio pleno y libre de la libertad de expresión, por lo que se debe ser extremadamente cuidadoso. Una ley mordaza, que pretende ocultar un período de la historia de Chile, es incompatible con el reconocimiento de la libertad de expresión. Así lo entienden tanto el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, como el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Mientras el primero declaró recientemente que “el proyecto de ley sobre negacionismo es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión”, agregando que “estas expresiones, por más desagradables que puedan, deben enfrentarse con argumentos, no con el derecho penal”, el segundo afirmó que “la libertad de expresión debe ser lo más irrestricta posible … Cuando se pretende controlar la investigación histórica o el punto de vista ideológico acerca de lo que ocurrió en Chile, es un atentado a la libertad de expresión. La gente tiene derecho a investigar el pasado, a discutir la memoria y a emitir opiniones”.

Frente al intenso ciclo de eventos electorales que se vienen, el justificado temor sobre el papel de los medios y redes sociales en los niveles de polarizaron del debate democrático, así como la responsabilidad de sus principales actores, cobra especial relevancia. Más aún, si aquello se manifiesta en intentos de la izquierda intolerante de suprimir, restringir y limitar, de manera antidemocrática, la libertad de expresión y de información en un futuro texto constitucional. Tanto los medios como los políticos deberán tomar conciencia de los efectos indeseados que un ejercicio abusivo o inadecuado de la libertad de expresión, puede acarrear a una sana y necesaria discusión constitucional. Erradiquemos de nuestra convivencia democrática tanto el linchamiento mediático como la persecución penal en contra de quienes opinen o piensen distinto.