Patriarcado, transformaciones políticas y sociales post estallido

A un año del estallido y siete meses de la masiva e histórica conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la cual coincidió con el inicio de la pandemia en Chile, nos hemos sumergido en un trascendental proceso de profundas transformaciones sociales, que han tomado espacio y forjado nuevos estándares para las proyecciones políticas institucionales, donde el cuestionamiento social y la demanda de reformulación de los cimientos políticos han sido protagonistas. Un espacio dentro del cual el feminismo y el enfoque de género tienen una gran influencia.

A partir del 18 de octubre del 2019, la sociedad civil ha sido protagonista de multitudinarias movilizaciones donde la temática de género nunca se ha ausentado y ha ganado masividad. Un ejemplo fue la alta convocatoria de mujeres en la intervención social de Las Tesis “Un Violador en tu Camino” que llama a una profunda reflexión política e institucional, poniendo sobre la mesa la necesidad de observar y hacernos cargo de las consecuencias del sistema patriarcal que no sólo segrega, sino que también ejerce imposición de sus códigos a través del castigo violento desde las instituciones sobre la ciudadanía, especialmente sobre las mujeres.

En este periodo, el clima social ha obligado a la política a abordar variados temas con urgencia. Dentro de ellos, uno de los más importante fue llegar a un acuerdo transversal para votar en el Congreso una reforma que permitió iniciar un proceso constituyente con plebiscito de entrada y de salida.

Pero otro, tanto o más importante, fue que ad-portas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Parlamento logró una votación histórica para generar paridad dentro del organismo que redacte la nueva Constitución (en el caso de ser Convención Constitucional). La igualdad en la proporción de hombres y mujeres espera convertirse, además de un acontecimiento histórico mundial, en un relevante cambio cuantitativo con respecto a la participación de mujeres, pero cualitativamente también espera lograr incorporar enfoques distintos a los hegemónicos, que permitan un cambio sustancial de la perspectiva que ha perpetuado los códigos institucionales enmarcados desde el patriarcado.

La observación y demanda de soluciones desde perspectivas de género han comenzado a instalarse en el fondo de este proceso. Otra expresión de ello se observó durante la pandemia, donde a pesar del cese de las manifestaciones por el distanciamiento social, la cuarentena, y el quiebre completo de la rutina de las personas, el pasado 21 de julio, tras la decisión del Juzgado de Garantía de conceder arresto domiciliario para Martín Pradenas, imputado por cinco delitos de connotación sexual, entre los que se encuentra la violación con consecuencia de suicidio de Antonia Barra, se desató una ola de manifestaciones en redes sociales y caceroleos a lo largo de Chile exigiendo justicia para Antonia. La tensión de la opinión pública generó que el Juzgado de Garantía, acogiéndose a tratados internacionales, revocara la decisión y decretara prisión preventiva. Las manifestaciones en torno a la “Alerta Morada” (alerta de sororidad) se repitieron en el caso de Ámbar, y otros casos de la dolorosa lista de 40 femicidios y 3 suicidios femicidas durante el 2020.

Por otro lado, a pesar de la insuficiencia del Ejecutivo y los partidos políticos para abordar medidas con enfoque de género, las organizaciones sociales feministas han avanzado en tomar espacios políticos, como por ejemplo el trabajo que se realizó desde la Presidencia del Senado con organizaciones civiles para acordar una Agenda de Género COVID-19, la cual instala medidas como el patrocinio del trabajo doméstico y de cuidados a terceros, igualdad de derechos de Trabajadoras de Casa Particular con el resto de los trabajadores/as de Chile, modificación de ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, sanciones a difusión no consentida de material sexual, tipificación de violación “Sin Consentimiento es Violación”, Despenalización del Aborto, derechos en salud ginecológica y sexual sin violencia gineco-obstétrica, y educación sexual, entre otras.

Sin duda, las transformaciones sociales ya están iniciadas y de la política depende representar las nuevas demandas dentro de las instituciones.

Este 25 de octubre se abre una oportunidad para comenzar el proceso de redacción de una nueva Constitución no patriarcal. La interrogante sigue siendo si la institucionalidad política actual está preparada para asumir este trascendental desafío con la brecha que la sociedad le lleva por delante.