Una carrera contra el tiempo
"Este proceso embarcó al sistema político en una receta de cocción lenta y, de no tener bocadillos en el camino, puede morir de inanición antes del banquete final".
Patrick Poblete es Investigador en Instituto Res Publica.
No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Los resultados del Plebiscito iniciaron un proceso constituyente para redactar una alternativa de Constitución que deberá ser aprobada en otro plebiscito. La contundente preferencia de los votantes por la opción Apruebo generó también altas expectativas en medio de un fenómeno poco usual que puede entrampar el proceso: conviven bajo dicha opción, entre otros grupos, ciudadanos muy alejados de la política, colectividades de ultraizquierda que reivindican la violencia, la ausente centro izquierda y sectores del centro y la centro derecha. Esta última vio a una parte importante de su electorado -cerca de la mitad- inclinarse por dicha postura.
Hoy los desafíos para el sistema político no disminuyen puesto que luego de la primera etapa, ya cerrada, hay nuevas metas que se deben cumplir. El mayoritario y transversal apoyo a iniciar un proceso constituyente contó en gran medida con la esperanza de algo mejor. El ciudadano alejado de la política, aquel que en muchas campañas y variados matinales se ha personalizado bajo el “da igual quien gane, yo tengo que seguir trabajando” espera impaciente dejar la cesantía, que sus ingresos vayan aumentando progresivamente durante su vida laboral, que el costo de la vida disminuya, que las pensiones de los jubilados aumenten o que las listas de espera en hospitales desaparezcan.
En octubre y noviembre del 2019 el sistema político nacional tambaleó como consecuencia de la violencia callejera luego de una crisis de confianza en las instituciones de larga data, materializada en la imposibilidad de resolver las urgencias sociales a través de política pública de calidad y los acuerdos. Así, el acuerdo del 15 de noviembre fue explicado por el oficialismo como una vía para dar salida a la tensión a través del camino institucional, conduciendo el malestar a través de canales concebidos dentro del marco democrático. La realidad es que todavía nos podemos volver a encontrar con dicho malestar.
En abril del 2021 se elegirán los miembros de la convención constituyente y, cuando entren en ejercicio, una de sus primeras y más importantes tareas será la de acordar un reglamento de funcionamiento. El proceso completo se extenderá probablemente hasta el primer trimestre de 2022. Durante ese período la ciudadanía deberá esperar, pacientemente, que los elegidos discutan, acuerden y zanjen una propuesta.
La pregunta es ¿tendrá tal disposición la población? Probablemente, a la vez que avanza el proceso constituyente, el Congreso Nacional también deberá cumplir el rol de fijar o aportar hitos que transmitan a la ciudadanía un avance en las materias que urgen a la ciudadanía, de lo contrario, podríamos esperar nuevamente movilizaciones masivas y un fuerte descontento popular. Lo anterior va de la mano con una realidad algo olvidada: ni el gobierno ni el Congreso pueden desentenderse de sus obligaciones y, por lo tanto, deberán seguir resolviendo las problemáticas sociales, gobernando y cumpliendo sus labores mientras la Convención esté en funcionamiento. Esperar la nueva Constitución no puede ser excusa para que su quehacer diario se concentre en elementos accesorios o menos estructurales.
Este proceso embarcó al sistema político en una receta de cocción lenta y, de no tener bocadillos en el camino, puede morir de inanición antes del banquete final. Es fundamental entonces que los partidos políticos con representación parlamentaria puedan coordinar su labor entre los hemiciclos para destrabar avances, mientras encuentran maneras de interpretar el sentir popular.
Otro desafío en esta línea dice relación con el resultado final. Si el documento que se someta al plebiscito de salida es reflejo de un proceso vergonzoso, alejado de la ciudadanía e imitando el deplorable nivel de debate mostrado por algunos parlamentarios en los últimos años, el descontento podría significar otro quiebre social importante, toda vez que las opciones que tendrá la ciudadanía para elegir en dicha fecha, serán la actual Constitución, respaldada recientemente por el 22% del electorado, o un documento de mal nivel, una deficiente calidad y que podría no dar cumplimiento a muchas de las expectativas ciudadanas.
En resumen, el sistema político chileno se jugó una carta importante con el acuerdo que dio paso a este proceso constituyente, buscando evitar que la crisis institucional se resolviera por una vía no institucional, a través de un quiebre del régimen democrático. Los convencionales, el Congreso y el gobierno tendrán la tarea de mostrar avances frente a las urgencias sociales o al final, este proceso podría dar pie, contrario a su objetivo original, a un quiebre definitivo y más profundo.
