Los avances y deudas del Estado en garantizar el derecho a la educación

Tal como cada año, la Universidad Diego Portales presentará -el próximo 3 de diciembre- su Informe Anual sobre Derechos Humanos, cuya versión 2020 analizará el papel del Estado en asegurar el derecho a la educación en el marco de la pandemia del COVID-19, así como también cuáles han sido los avances en esta materia durante los últimos años, al cual tuvo acceso EL DÍNAMO de forma anticipada.

Basándose en las recomendaciones que se efectuaron en los informes entregados entre 2014 y 2019, el  director del Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa de la Universidad Diego Portales (UDP), Miguel Órdenes, y la directora de Pedagogía en Educación Diferencial de la misma casa de estudios, Liliana Ramos, evaluaron 31 aspectos, detectándose diferentes niveles de cumplimiento e incluso retrocesos.

Enfoque de género

Según Liliana Ramos, las recomendaciones que realizó la UDP a través de los distintos informes anuales y que no han sido cumplidas a la fecha, en general, aluden a los segmentos de la población más excluidos de los sistemas educativos.

“Uno de los primeros elementos que saltan a la vista, dentro de las recomendaciones en las que no se ha avanzado, tiene que ver con una concepción del enfoque de género, que integre una visión de la diversidad sexual y también una visibilización más clara, a nivel de la Superintendencia de Educación, respecto de las denuncias que tienen que ver con discriminación sexista”, explicó la académica a EL DÍNAMO.

En esa misma línea, la coautora del capítulo “Derecho a la Educación: Respuesta del Estado de Chile a sus compromisos con los estándares internacionales de Derechos Humanos”, plantea que aún falta mucho por avanzar para lograr una concepción del enfoque de género más amplia y que no únicamente responda esta visión dicotómica de hombres y mujeres.

“Nosotros vemos que ahí hay un asunto de una visión más ideológica, respecto de esta perspectiva que está en tensión, y que todavía en Chile está en tensión, y uno evidencia que hay una falta de comprensión del sistema político sobre este tema, porque dependiendo de los gobiernos de turno es que avanzamos más o avanzamos menos respecto de políticas y apoyo a las escuelas para que orienten una visión que atienda a esta comprensión”, agregó Ramos.

Diversidad cultural

Otro de los puntos críticos a los que se refiere el capítulo sobre el derecho a la educación se asocia a la falta de comprensión acerca de lo que implica trabajar desde un enfoque de diversidad cultural, reconociendo a nuestros pueblos originarios.

“Si bien se avanzó en modificar las condiciones de la asignatura de Lengua Indígena, falta mirar que nuestra población está constituida desde una identidad cultural mestiza, y esa identidad cultural no aparece ni se expresa en las decisiones que se toman”, explicó la docente.

Esto último, considerando que, por ejemplo, dicho ramo a sólo se imparte a un porcentaje pequeño de la población nacional y, aunque el pueblo mapuche ha pedido expresamente que la asignatura se haga extensiva a todas las escuelas de Chile, es un tema en cual todavía no se avanza.

“Como si no fuera algo relevante para la población de nuestro país vivir, experimentar y aprender de lo que somos y de nuestra propia identidad, reconociendo y valorando a nuestros pueblos originarios ancestrales. Aunque también ahí hay un tema más de fondo, que tiene que ver con la comprensión profunda de lo que hablamos cuando hablamos de reconocimiento y valoración de la diversidad”, añadió Ramos.

Ley de Inclusión Escolar

Dentro de los aspectos en los que se detectaron avances en cuanto a las recomendaciones previas está la implementación de la Ley de Inclusión Escolar del año 2015. Así lo destacó Liliana Ramos y se consigna en el capítulo sobre derecho a la educación del informe 2020.

De hecho, en el informe correspondiente a 2014 se expuso como recomendación “instalar, en términos comunicacionales y de decisiones educativas, el enfoque de la educación inclusiva como un asunto que le compete a la educación general, en que la educación especial colabora. En esa misma recomendación se propone incorporar la temática de la educación inclusiva y la variable discapacidad en forma explícita en la propuesta de reforma educacional que se estaba gestando en ese momento”, ítems que -gracias a la Ley de Inclusión Escolar- fueron calificados como con “evidencia de avance”.

De todas formas, la coautora de este capítulo fue enfática en señalar que hay que analizar más en profundidad qué entendemos como educación de calidad. “Seguimos pensando que la educación de calidad son resultados Simce, mayoritariamente, y no lo estamos pensando también desde una perspectiva más cualitativa, acerca de qué estamos ofreciendo, cómo nos estamos conectando con los desafíos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país”, concluyó la directora de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial.