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3 de Diciembre de 2020

Cámara pone a disposición de Convención Constitucional la sede del Congreso en Santiago

El edificio del Congreso Nacional en Santiago, inaugurado en 1876, cuenta con la Sala de Sesiones de la Cámara -con capacidad para 160 personas aproximadamente-.

Por Cristián Meza
Congreso Convención La instalación de la Convención debiera realizarse entre el mes de mayo y junio de 2021. Foto: Cámara
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La Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados, encabezada por Diego Paulsen (RN), ratificó que se pondrá a disposición la sede del Congreso Nacional en Santiago, para el funcionamiento de la Convención Constitucional.

Cabe señalar que la reforma constitucional que aprobó el mecanismo para elaborar una nueva Constitución, consigna que el Presidente de la República convocará a la primera sesión de instalación de la Convención, eligiendo el lugar para su funcionamiento. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional.

Ante esto, la Cámara de Diputados ratificó la disponibilidad de la sede Santiago para estos fines.

Al respecto, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen afirmó que “la Cámara de Diputados tiene un compromiso con el proceso constituyente, y parte de ese compromiso dice relación con facilitar los medios para que, en un marco democrático, los chilenos y chilenas acuerden una nueva Constitución. El pluralismo y el diálogo democrático está en la esencia de nuestra Corporación, y por lo mismo haremos los esfuerzos para ayudar a la Convención a sacar adelante una Carta Fundamental para todos los chilenos”.

El edificio del Congreso Nacional en Santiago, inaugurado en 1876, cuenta con la Sala de Sesiones de la Cámara -con capacidad para 160 personas aproximadamente-, además de tres amplios salones y cuatro salas de comisiones adicionales y oficinas.

Según los plazos establecidos en el cronograma constitucional, una vez electos los convencionales, la instalación de la Convención debiera realizarse entre el mes de mayo y junio de 2021. Luego tendrá un plazo de nueve meses para redactar y aprobar el nuevo texto constitucional, plazo que puede prorrogarse por tres meses más.

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