Fiscalía Nacional rechaza existencia de presos políticos: “No están presos por sus opiniones”
El Ministerio Público indicó que la eventual aplicación de una ley de indulto en este contexto dejaría en libertad, por ejemplo, a John Cobin.
La Fiscalía Nacional se sumó a los cuestionamientos en contra del proyecto presentado por un grupo de senadores de oposición de un indulto general para los llamados “presos políticos de la revuelta”, en el marco del estallido social.
Así, el organismo dio a conocer un comunicado, donde explicó que sus acciones se enmarcan dentro del mandato institucional que le otorga la Constitución, señalando que los fiscales actúan “con autonomía y estricto apego a la legalidad”.
Junto con ello, la Fiscalía reafirmó su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas, a través de investigaciones que “dan plenas garantías de objetividad, seriedad y transparencia, lo que implica perseguir todos los actos que revistan carácter de delito, independiente de quienes los cometan”.
“Todas las acciones persecutorias emprendidas por los fiscales tienen como única y exclusiva motivación la búsqueda de reparación ante hechos constitutivos de delitos, en cualquier contexto”, detalló y apuntó que “ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva”, las que son determinadas por los tribunales y cuyo proceso impide cualquier arbitrariedad.
Es por esto que el Ministerio Público deja en claro que “no puede compartir aseveraciones en orden a que existirían cientos de personas privadas de libertad por delitos menores, o contra quienes se habría hecho un uso indebido o desproporcionado del derecho penal”.
El organismo evidenció que no existen presos políticos, consignando que “las personas sometidas a la acción de los Tribunales de Justicia no están en esta condición por su pensamiento o por sus opiniones, sino por actos que son constitutivos de delitos“, por lo que “las críticas al estado procesal de causas relacionadas con el contexto estallido social constituyen una generalización inaceptable, que demanda de sus autores la individualización de las mismas”.
En la misma línea, evidenció su rechazo a un proyecto de indulto, ya que “dejaría sin efecto, entre otras causas, la condena a 11 años de presidio impuesta a John Cobin, por homicidio frustrado y Ley de Control de Armas, tras disparar en la vía pública en Viña del Mar, el 10 de noviembre de 2019”.