¿Qué hacer ante amenazas de deudores de pensiones alimenticias?

En alerta se encuentran las autoridades por el aumento en las amenazas que han recibido miles de personas – en su mayoría mujeres- que han realizado la solicitud de retención forzosa del 10% de los fondos de la AFP a los deudores de pensiones alimenticias.

Ante la preocupante situación, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, indicó que en este segundo retiro también se está brindando todo el apoyo legal a las mujeres que han sido amedrentadas por los padres de sus hijos, quienes reaccionan violentamente al verse imposibilitados de recibir el dinero, pese a que son ellos los que han acumulado dichas deudas, que en ocasiones alcanzan cifras millonarias.

“En el primer retiro del 10%, donde hubo la posibilidad de retirar las pensiones alimenticias, muchas mujeres fueron víctimas de amenazas: si tu retiras te voy a golpear, si tu retiras te voy a quitar a tus hijos, pero hoy día esto se ha incrementado porque ya no importa si él o ella retira o no retira, esa madre ese tutor del niño va a poder sacar al menos un porcentaje de lo que se adeuda, entonces el tenor de las amenazas ha ido aumentado”, explicó Zalaquett.

La autoridad recomendó a las afectadas a comunicarse al 1455 o cualquiera de las plataformas digitales que están disponibles para ser atendidas por un equipo especializado para acompañarlas y asesorarlas, además de ofrecer apoyo jurídico.

Pareciera que la respuesta ante estas situaciones es simple: denunciar. Sin embargo, muchos de estos procesos no logran verdaderos avances para cumplir con objetivo de proteger a la víctima y a los menores o terceros que puedan verse involucrados.

¿Qué hacer?

Virginia Palma Erpel, presidenta de la ONG Acción Mujer y Madre, comentó a EL DÍNAMO que durante el primer retiro se instó a la mujeres a que continuaran con el conducto legal para denunciar las amenazas o agresiones. Es decir, dar el aviso formal ante las policías o fiscalías de todo el territorio nacional.

Palma destacó que “entendemos que una cosa es que nos amenacen diciendo que nos van a provocar algún tipo de daño, y lo otro es directamente una agresión. Como por ejemplo, enviar un audio o mensaje de texto con insultos y hostigamientos. Eso también es una forma de agredir”.

En ese sentido, la abogada explicó que muchas de las denuncias no siguen un curso, por lo que son archivadas o simplemente llegan hasta la presentación de la constancia por la amenaza. En el caso de los amedrentamientos que llegan a un nivel más elevado, y que existen antecedentes o conocimientos de que pueden significar un peligro real para la víctima, la recomendación es dirigirse directamente hasta el Ministerio Público para solicitar medidas cautelares.

Bárbara Sepúlveda, abogada feminista, aclaró que los jueces pueden decretar dichas medidas antes de que se lleve a cabo un juicio. Entre ellas están el prohibir el ingreso del denunciado al hogar de residencia de la víctima o una orden de alejamiento, dependiendo del calibre de las amenazas.

“La idea de estas medidas es que se impida que el agresor vaya a concretar su afán de agredir, o incluso cómo ya lo hemos visto, matar a la mujer. Ya lo hemos visto en varios casos se femicidios y femicidios frustrados. Ellos avisan, amenazan y luego lo hacen o lo intentan. Por eso siempre es el llamado es a denunciar”, complementó Palma.

Además reconoció que “hay que hacer la crítica que muchas de las denuncias terminan en nada”, añadiendo que en algunos casos en los que tanto Carabineros como la Fiscalía solicita a la víctima que ratifique la denuncias, muchas se retractan”.

La abogada explica que este comportamiento tiene una justificación, ya que las mujeres que sufren violencia les cuesta superar el miedo que les generan las agresiones, por lo que para ellas el continuar con el proceso se vuelve aún más complejo.

“Es difícil también porque el sistema es carente y las policías –Carabineros en particular- no están lo suficientemente preparados para cuando una mujer llega a buscar algún tipo de apoyo o protección ante ellos. Falta de información y formación que existe en la institución son parte de las principales quejas que tenemos”, aseveró.

Visibilizando el conflicto

Palma recalcó que el no pago de las pensiones de alimentos es una realidad que viven miles de mujeres en nuestro país, problema que hasta antes del primer retiro de los fondos de las AFP no se le había prestado atención que requería.

Palma sostiene que tanto su organización, como otras que buscan proteger a las mujeres y sus hijos, han expuesto la violencia económica que se ejerce a través del no pago de pensiones alimenticias hace más de seis años, presentando proyectos de ley y participando en distintas comisiones de la Cámara de Diputados con el fin de visibilizar el drama que existe detrás de esto.

“Nosotras esperamos que en definitiva este sea un tema que se plantee en la nueva Constitución. Queremos que esto sea un derecho resguardado, es decir, que tenga una relevancia de derecho constitucional con perspectiva de género y Derechos Humanos”, señaló.

Sobre este último punto, la abogada explicó que tiene que ver con que el hecho de que no se pague la pensión de alimentos se vulnera económicamente, psicológicamente,  e incluso físicamente a las mujeres que son jefas de hogar monoparentales.

Todo esto, según Palma, las dejaría en la situación de “tener que estar al cuidado de los hijos, velar para que no les falte nada, tener dos trabajos o trabajar de lunes a domingo sobre-exigiéndose para poder cubrir las necesidades del hogar donde hay un padre, que por los motivos que sean cortó relación con la madre,  no debería haberse desligado de sus deberes económicos”.

Durante los últimos meses se han presentado proyectos para endurecer las sanciones y medidas contra los deudores de pensiones alimenticias, que podría a su vez proteger a las afectadas  de amenazas y otras agresiones,  pero aún no se ha concretado la aprobación y aplicación de alguno de ellos.