Diputados argentinos impulsan juicio político contra Cristina Fernández por atentar contra Poder Judicial

El bloque de oposición de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados de Argentina presentó esta semana en el Congreso un pedido de juicio político contra la actual vicepresidenta del país trasandino, Cristina Fernández de Kirchner, por el “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”, así como considerar que es “responsable de desplegar conductas de enorme gravedad institucional”.

“La vicepresidenta, en el ejercicio de su cargo de presidenta del Senado, ha desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”, señalan los legisladores, quienes consideran que esa actitud “configura un avasallamiento al Poder Judicial y, por lo tanto, una grave alteración del orden constitucional”.

En conversación con EL DÍNAMO, la diputada por la Coalición Cívica, María Lucila Lehmann, señaló que “existen sobradas muestras de un accionar deliberado de Cristina Fernández para influenciar el Poder Judicial con el fin de obtener impunidad en las causas de corrupción que tiene en su contra. No hay que olvidar que se encuentra procesada y su situación actual en las causas es comprometida”.

“Ella no es cualquier ciudadano, sino la vicepresidente de la Nación y presidente del Senado, por lo que agraviar a otro poder del Estado es una intromisión impropia y si para colmo tiene como finalidad la búsqueda del beneficio particular, corresponde que el Poder Legislativo analice su remoción del cargo”, afirmó Lehmann.

Viabilidad del juicio político

La acusación que impulsa este juicio político incluye la acusación que Cristina Fernández está ejecutando “un plan que tiene por finalidad garantizar su impunidad —y la de aquellos funcionarios que formaron parte de su gobierno, investigados por presuntos hechos de corrupción— obstruyendo el funcionamiento de uno de los poderes del Estado, en este caso, del Poder Judicial”.

“Se trata de la falta de idoneidad no solo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo cual determina un daño a la función, o sea a los intereses generales de la Nación”, indicó Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, a medios trasandinos.

Entre las causales de juicio político, los diputados enumeraron la reforma judicial y una carta pública de la ex presidenta contra la Corte Suprema.

“Daremos todas las batallas necesarias para defender a nuestra República, a sus instituciones y a la democracia de la corrupción Kirchner. El juicio político requiere de un consenso de las fuerzas políticas y los representantes en el Congreso para llevarlo adelante. Quizás en estos tiempos pueda ser difícil, dadas las mayorías que tiene el oficialismo en la Cámara Alta, pero esa realidad puede cambiar en la próxima elección”, agrega Lehmann a EL DÍNAMO.

La polémica carta

Durante los primeros días de diciembre, al cumplirse un año del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández publicó una carta pública titulada “A un año… balance” en que no mencionó al mandatario, pero sí criticó con dureza al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia.

La actuación del Poder Judicial y la Corte Suprema, durante este año, “no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, escribió Cristina Fernández.

En ese sentido, advirtió que “a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una justicia adicta”.

“No deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar”, aseguró.

Tras la publicación de esta carta, Juntos por el Cambio, el partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri, consideró que las críticas de Fernández “tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente” y aseguraron que la carta escrita por la la vicepresidenta es “un intento de cambio del sistema de división de poderes”.

Foto: @CFKArgentina

Principales causas judiciales pendientes

Desde que Cristina Fernández abandonó la Casa Rosada, las causas contra la ex presidenta de Argentina se han multiplicado en la justicia.

Una de las causas judiciales más conocidas es el denominado Caso Cuadernos, que investiga los presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. La causa fue originada por las anotaciones del ex chofer Óscar Centeno, donde se recogen detalles de entrega de sobres y paquetes de dinero para miembros de los Gobiernos de la era Kirchner.

Otro de los procesos judiciales es el Caso memorándum con Irán. El año 2013, Argentina firmó un acuerdo para investigar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994 de manera conjunta con Irán, el principal sospechoso del ataque, pero la justicia cree que en realidad se trató de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país. Esta causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación apareció muerto en su casa con un disparo en la cabeza.

La justicia argentina investiga además las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la provincia patagónica de Santa Cruz -conocido como Caso Obras Públicas-, localidad que es considerada un feudo kirchnerista y donde el matrimonio presidencial cimentó su carrera política. Según la instrucción del juez federal Julián Ercolini, en torno al 85% de los contratos viales de la provincia fueron para el empresario Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner encarcelado desde 2016 y que en la actualidad cumple arresto domiciliario.

“En la causa del juicio por las irregularidades en la obra pública hay decenas de testigos y elementos que la comprometen. En ese escenario específico, Cristina Fernández de Kirchner promovió directa o indirectamente una batería de acciones: desplazar jueces que la están investigando, atacar al Procurador General, reformar el Poder Judicial y en último término una feroz crítica a la Corte Suprema. Eso es inaceptable”, indicó la diputada de oposición, María Lucila Lehmann.