Ministra de la Mujer de Argentina y los 38 femicidios en 40 días: “Las violencias extremas son la punta de un iceberg”
En conversación con EL DÍNAMO, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, señaló que en medio de los femicidios "hay una enorme cantidad de violencia, que entre todos y todas, reproducimos y muchas veces sin percibirlas".
Cada 25 horas se comete un femicidio en Argentina. Esta dramática cifra es parte del estudio que la ONG “Ahora que sí nos ven”, dio a conocer tras el asesinato de Úrsula Bahillo en la ciudad de Rojas.
Desde comienzo de 2021 hasta el 9 de febrero hubo 38 femicidios, 5 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa, 3 tenían medidas de protección y la mayoría de los asesinatos ocurrió en la provincia de Buenos Aires.
El registro arrojó que en el 38,6% de los femicidios fueron en la vivienda de la víctima y que en el 38,9% en la vivienda que la víctima compartía con el agresor. En relación al vínculo con el femicida, en el 36,8% el agresor era la pareja de la víctima y en el 34,2% la ex pareja.
En conversación con EL DÍNAMO, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, señala que “los femicidios son un fenómeno centralmente cultural, no es un tema que se pueda pensar desde la clave de seguridad. Hace 20 años que Argentina tiene una tasa de femicidios bastante estable y alta. Hubo cambios de gobierno, crisis económicas, políticas sociales y los femicidios no bajan; incluso el año pasado por la pandemia se elevaron”.
“Las violencias extremas son la punta de un iceberg, por debajo hay una enorme cantidad y tipos de violencias que entre todos y todas reproducimos y muchas veces sin percibirlas. Para pensar cómo hacemos para eliminar las violencias hay que identificar las desigualdades. A mayor desigualdad entre mujeres, varones y diversidades, más violencia habrá. Entonces, hasta que no nos pongamos en una posición muy firme y podamos identificar responsabilidades cuando hay déficit o no hubo una debida diligencia no vamos a poder avanzar”, agrega la ministra del gobierno de Alberto Fernández a EL DÍNAMO.
Denunció a su ex pareja 18 veces
Úrsula Bahillo, de 18 años, fue asesinada con 15 puñaladas en la espalda, torso y cuello, la noche del lunes, cerca de las 20.30 (hora local), entre los pastizales de un campo en las afueras de Rojas en la provincia argentina.
Úrsula denunció 18 veces en la Comisaría de la Mujer a Matías Martínez, agente de la Policía Bonaerense. Sin embargo, el juez Luciano Callegari desestimó la situación y resolvió no otorgar el botón de pánico que la joven solicitaba porque consideró que el femicida “no era peligroso”.
Según la agencia Télam, Matías Martínez tenía una orden de alejamiento desde el 5 de febrero y se encontraba con tratamiento psiquiátrico desde septiembre de año pasado.
El femicidio de Úrsula fue descubierto tras una alerta al 911 de un tío del propio imputado que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”. Al llegar al lugar, la policía encontró a la joven asesinada y al agresor malherido dentro de su auto, un Peugeot 307.
En conversación con EL DÍNAMO, la diputada del Frente de Todos y presidenta de la comisión de Mujeres, Mónica Macha, señaló que el femicidio de Úrsula “encadena violencias de distinto orden, violencias y crueldades con las mujeres que están arraigadas en la cultura patriarcal y resolver este genocidio por goteo de mujeres, implica un abordaje muy complejo. Está claro que con Úrsula, el poder judicial no tomó las medidas efectivas con sus denuncias”.
La ministra Gómez Alcorta asegura a EL DÍNAMO que “lo que falló para evitar este femicidio es similar a lo que falla para evitar muchos de los femicidios que, tristemente, ocurren todos los días. El caso de Úrsula es un caso que, más allá de algunas particularidades, es la regla, no es la excepción”.
“Existió una sucesión de omisiones e intervenciones deficientes por parte de las fuerzas de seguridad y los operadores y operadoras de los poderes judiciales intervinientes. Hablamos de funcionarios y funcionarias que tenían, y seguirán teniendo, la responsabilidad de evaluar el riesgo y que hoy disponen de las herramientas para hacerlo. En el caso de Úrsula hubo una intervención absolutamente deficitaria que implica incluso niveles de omisión, no solamente de debida diligencia que son estándares del sistema a nivel internacional, sino que además de niveles básicos que cualquier funcionario o funcionaria debe llevar adelante”, criticó la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina.
“¿Quién nos cuida de la Policía?
El mismo día del femicidio de Úrsula, otra joven fue asesinada por el ataque de un ex policía bonaerense. Florencia Figueroa, de 23 años, agonizó durante 10 días tras ser herida por su hermano, Denis Figueroa, a quien ya había denunciado varias veces en el sector de Tortuguitas en la provincia de Buenos Aires.
Una vez más, la prevención y denuncias hechas por la víctima no sirvieron. “Nos arruinó la vida a todos. Se pudo haber evitado y no se evitó, desgraciadamente”, lamentó su hermano, Franco.
Luego del femicidio de Úrsula y bajo la consigna “¿Quién nos cuida de la Policía?”, esta semana se realizaron marchas para pedir justicia por el femicidio de Úrsula en la ciudad de Rojas. Cientos de personas se reunieron en la Plaza Principal y marcharon hasta la comisaría para hacer oír los reclamos en adhesión al trágico hecho que sufrió la joven a manos de Matías Martínez.
En paralelo, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios de Argentina se congregó frente a la sede del Gobierno en Bueno Aires en la Plaza de Mayo, con la intención de que se establezcan medidas concretas para poner fin a los asesinatos de mujeres.
En Argentina 214 femicidas pertenecían o habían pertenecido a una fuerza de seguridad, desde el 2008 hasta la actualidad. Según un reportaje de la periodista y activista de género trasandina, Luciana Peker, cada semana hay un uniformado bonaerense denunciado por violencia de género.
En una década, en la Provincia de Buenos Aires, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas policías. En el 2021 ya hubo 3 asesinatos por razones de género cometidos por personal entrenado por el Estado.
“Matías Ezequiel Martínez es oficial de la Policía Bonaerense. Fue formado por el Estado para dar seguridad y hoy representa el terror de las mujeres: la inseguridad íntima. Él asesinó a Úrsula, en una zona rural, cercana a Rojas, en la Provincia de Buenos Aires. Pero no fue un exceso, ni una excepción, sino una regla sistemática en los asesinatos de mujeres”, indicó al medio Infobae.
La diputada Mónica Macha afirmó que “la policía es un sector que reclama una reforma profunda. Hoy para los sectores populares, las mujeres y diversidades la policía no es sinónimo de cuidado o protección. En el caso de Úrsula, se montaron dos impunidades, la que suelen tener los femicidas producto de una justicia deficiente y cómplice, pero también la impunidad de las fuerzas de seguridad”.
La ministra Elizabeth Gómez Alcorta indicó que del proceso de investigación del femicidio de Úrsula esperan dos cosas: “Por un lado, una rápida y diligente indagación respecto del femicidio y por otro, una eficiente investigación que pueda identificar si las omisiones o las deficiencias de las fuerzas de seguridad constituyen o no un delito, además de tener una respuesta rápida del caso”.
En relación a la capacitación en materia de género a los funcionarios de la policía argentina, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, señaló que “no tenemos dudas que debe realizarse, y es por eso que el ministerio ha trabajado desde un comienzo de su gestión en la necesaria incorporación de perspectiva de género en la organización judicial, no solo para resolver los casos de femicidio o cuando haya violencia de género, sino para todas las intervenciones”.
Proyecto de ley para que sean detenidos los agresores
Luego del asesinato de Úrsula Bahillo, la diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, junto al apoyo de otras 25 legisladoras, incluida Mónica Macha, presentaron un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para que un agresor sea detenido en casos de incumplimiento de una restricción perimetral en una causa por violencia de género.
La iniciativa propone que la sanción ante casos de desobediencia de una medida perimetral, en el marco de una denuncia por violencia de género, sea de tres a cinco años de prisión. Actualmente, el artículo 239 prevé una pena de 15 días a un año.
“Necesitamos que las estructuras con las que contamos funcionen de forma eficiente y, al mismo tiempo, tenemos el desafío de crear política estatal nueva, transformadora, en diálogo con los lazos sociales de las comunidades, en diálogo con las organizaciones. Está claro que sin el Estado no se resuelve, pero también que con el Estado actual solo no alcanza”, expresó la diputada Macha.
“El poder judicial es una estructura arcaica, rancia, llena de privilegios que la asemejan a una monarquía. En pleno siglo veintiuno, en plena marea verde transformadora, el poder judicial sigue siendo el bastión del patriarcado, de los intereses clasistas y de las garantías racistas. El poder judicial tiene una responsabilidad enorme e incomparable. Pero insisto, es un facilismo reducir los problemas a la justicia. Necesitamos medidas para evitar femicidios. Tenemos que ser competentes en cuidar los proyectos de vida, en fortalecer la autonomía, en escuchar las voces y los signos de violencia y acompañar a esas personas. El cambio cultural que necesitamos debe penetrar muchas capas de violencia, desigualdad, impunidad y machismo”, finalizó la diputada.