Trabajadores pesqueros solicitan a Contraloría fiscalizar la pesca ilegal de merluza

Mediante la presentación de un requerimiento ante la Contraloría General de la República, organizaciones de trabajadores pesqueros de la Región del Biobío solicitaron formalmente su pronunciamiento respecto de la posible falta de servicio en la que distintos organismos del Estado podrían estar incurriendo, al no combatir con firmeza las actividades ilegales de pesca de merluza en Chile.

En el documento, dirigido al contralor general Jorge Bermúdez, cuatro sindicatos interempresas de tripulantes de nave piden que la autoridad competente informe sobre las acciones adoptadas en materia de investigación y sanción del delito de pesca ilegal.

En concreto, pidieron a la Contraloría oficiar al Ministerio de Economía, además de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura -ambos dependientes de esa cartera-, para que reporten las acciones de investigación, fiscalización y sanción que han desarrollado para proteger los recursos marinos y combatir a las organizaciones de contrabando que participan en actividades de pesca.

Según las agrupaciones que representan al personal embarcado de la pesca, existen una serie de antecedentes que dejan al descubierto la escasa capacidad de fiscalización y sanción que los órganos competentes han tenido, y pese a que el Comité de Manejo de la pesquería del recurso merluza estableció como prioritaria su protección en 2014, no se han visto avances concretos y, por el contrario, el deterioro del recurso ha avanzado dramáticamente.

Incluso una agrupación informal del sector -autodenominada “Mesa Merlucera del Maule”- admitió estar pescando varias veces su cuota anual asignada de 3.000 toneladas, exigiendo aumentarla a 13.000 como requisito para dejar la pesca ilegal. Sin embargo, la extracción clandestina se extiende entre las regiones de Valparaíso a Los Lagos, y apenas un 2% logra ser decomisado.

Aseguran que de esto han puesto en conocimiento al actual Ministro de Economía y al ex Subsecretario de Pesca y Acuicultura, además del Fiscal Nacional, sin que a la fecha haya habido pronunciamientos sobre el tema. Dicen que ha habido “inacción” de las autoridades, motivo que finalmente los llevó a recurrir ante la Contraloría General de la República.

“Las organizaciones del personal embarcado nos hemos reunido para exigir un pronunciamiento de la Contraloría respecto a un problema que nos viene aquejando y que viene creciendo rápidamente, un problema nuestro pero que también afecta al mundo entero: la pesca ilegal. En la Región del Maule, por ejemplo, se está pescando un 300% sobre la cuota normal asignada en forma anual, y se está haciendo en forma ilegal”, explicó Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresa de Oficiales de Naves Especiales y Regionales de la Marina Mercante.

El dirigente añadió que esta extracción ilegal “afecta el normal desarrollo de la actividad económica, afecta a los pescadores artesanales que lo hacen en forma legal y afecta a los trabajadores de la industria pesquera”.

González detalló que el requerimiento también tiene por objetivo que las autoridades “se percaten de que las entidades de fiscalización no tienen los medios suficientes para detener esto; y eso es preocupante, porque si no se hace algo ahora, esto va a seguir creciendo”.

En las últimas semanas, distintos actores de la pesca -tanto industriales como artesanales- emprendieron una ofensiva legal para combatir la pesca ilegal de merluza, ante el evidente avance que están mostrando las asociaciones ilícitas que controlan la extracción clandestina, fenómeno que genera severos impactos económicos y ambientales.