La salud mental como política de Estado

Hablar de Salud Mental hoy, en los momentos más duros de la pandemia, debería ser una prioridad en el debate público. Pero más allá de esfuerzos aislados, ya ha pasado demasiado tiempo sin que tengamos una respuesta contundente, multisectorial, realmente accesible, y que incluya a las comunidades y sus diversidades. No se trata sólo de identificar el problema y aumentar el presupuesto, o exigir que se aprueba tal o cual ley en el Congreso; también se trata de dónde se ponen los esfuerzos. Nosotros creemos que la Salud Mental debe ser una política pública tan importante, que se debe convertir en un indicador prioritario en la evaluación de los proyectos relevantes del Estado.

Más aún cuando sólo un 19% de quienes manifiestan alguna enfermedad vinculada a salud mental, tienen acceso a ella, y que el 50% de la atención siquiátrica está en la Región Metropolitana, entre otros problemas. Según el termómetro de la salud mental, del centro de encuestas de la UC, Un 54,8% de las personas entre 21 y 68 años indicó que se dijo sentirse constantemente agobiado y en tensión más o mucho más que lo habitual; un 32% poco feliz o deprimido. En pandemia, la depresión se ha triplicado y la ansiedad se ha multiplicado cuatro veces. No podemos tomarlo a la ligera.

La Salud Mental en Chile tiene que basarse en cuatro ejes: ampliación de la red sicológica y su permanente vinculación con las distintas comunidades, diversidades y territorios; mejoras y adaptaciones a las nuevas condiciones del trabajo en pandemia y post pandemia; un enfoque multidisciplinario que pueda entender -y atender- problemáticas cotidianas de las personas, las familias y sus entornos; y que sea de acceso universal.

Esto último es clave. Según la encuesta Ipsos de diciembre de 2020, la tercera de siete amenazas en los próximos 12 meses es el deterioro de la salud mental y física. Una de las brechas de la desigualdad en Salud Mental es que el 80% de la atención está en el sector privado. Por ello, junto con crear una red amplia de atención sicológica por el país -siempre junto a las múltiples comunidades, edades y diversidades- hay que ampliar el catálogo de enfermedades de Salud Mental que actualmente están incluidas en el GES.

En el sector privado, en tanto, es una prioridad eliminar los topes que imponen los planes de las Isapres, y que terminan con las personas abandonando programas preventivos o tratamientos por el alto costo, o sin poder pagar por los psicofármacos indicados. ¿Cuántos de estos casos conocemos en nuestras familias, grupo de amigos o compañeros del trabajo? La red que proponemos contempla prevención y tratamiento a todos los niveles de atención, con especial énfasis en la atención primaria.

En pandemia, las condiciones del trabajo cambiaron y cambiarán para siempre. Un 20% permanece en esa modalidad, pero ¿Cuántos de ellos tienen las condiciones adecuadas? El teletrabajo es una modalidad que no distingue entre espacios personales y laborales, y que debe incluir criterios que ayuden a la Salud Mental de familias enteras. Por ejemplo: que las empresas entreguen el material básico, establecer franjas horarias para videollamadas, permitir pausas activas y toda la flexibilidad posible para quienes además ejercen la crianza y/o la enseñanza.

No podemos seguir hablando de la Salud Mental como un tema más. El presupuesto en Salud Mental aumentó -un 310%, lo que demuestra la poca relevancia histórica de este tema históricamente, a pesar del alto impacto- pero tenemos que renovar el enfoque y dirigirlo más hacia una política pública intersectorial que a un modelo que simplemente cubra prestaciones. Hay que cambiar la discusión, y entender a la Salud Mental como una problemática cotidiana, extendida y con múltiples factores. Llegó el momento de hablar en serio de prevención y tratamiento, escuchar a los expertos y comprender que la intersectorialidad es una apuesta que ayuda a reducir las desigualdades.