Libertad de enseñanza para fortalecer la educación pública

La libertad de enseñanza, derecho humano fundamental, implica que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Sin embargo, para ser plenamente ejercida, debe ir acompañada del derecho de diversos agentes para abrir, desarrollar y mantener establecimientos educacionales. Así, este derecho, no se traduce en una libertad económica o de emprendimiento en la educación, como han planteado algunos, sino en una necesidad de poder concretar la coexistencia de proyectos educativos distintos, que permitan que los apoderados elijan el más adecuado para sus hijos e hijas, y tal como establecen los tratados internacionales a los que están suscritos la gran mayoría de los países del mundo.

Para que todas las familias puedan ejercer este derecho, no basta con añadir al sistema estatal el financiamiento de un privado, como ocurre en Chile a través de los establecimientos particulares subvencionados. En efecto, el mero financiamiento no es garantía de diversidad, la cual se debe promover dentro de ambos sistemas, de manera que puedan surgir gran variedad de proyectos que reflejen y acojan la heterogeneidad de las familias que conforman nuestro país. En la práctica, para que esto ocurra, debe otorgarse la necesaria autonomía y espacio, de manera que las comunidades puedan diseñar y nutrir proyectos con identidad propia, que evolucionen junto a los desafíos que enfrentan.

En Chile, a pesar de que nuestra actual Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito consagran la libertad de enseñanza; existen impedimentos para que sea completamente ejercida por los establecimientos. Ejemplo de ello, es que muchas veces las escuelas dependientes de municipalidades deban cambiar aspectos clave de sus planes cuando cambia el alcalde, dificultando la continuidad de sus proyectos educativos y de las estrategias que han diseñado para apoyar mejor a sus estudiantes y familias.

A lo anterior, se suma el exceso de carga administrativa debido a la sobrerregulación impuesta por la ley: de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en 2018 a más de 200 directores de colegios públicos y particulares subvencionados, la mayoría dedicaba entre un 40 y 80% de su tiempo a cumplir con exigencias burocráticas, dejando muy poco tiempo para realizar trabajo pedagógico, y liderazgo de la comunidad, innovación y de todo lo relacionado al fortalecimiento del proyecto.

Aquello va en directo desmedro de la calidad de la educación, porque al limitar el tiempo o las posibilidades de trabajar en las estrategias más propias, se impide a las comunidades tomar las medidas para hacerse cargo de los diagnósticos que ellos mismos van levantando en el día a día. En consecuencia, es necesario repensar la forma para que, junto con garantizar los mínimos de calidad, transparencia y rendición de cuentas de parte de establecimientos con financiamiento público; se les dote de una autonomía efectiva. Solo así podrán ofrecer su propia visión y llevarla a cabo, permitiendo que todas las familias de Chile accedan a elegir de acuerdo a sus necesidades y preferencias, e incentivando que quienes trabajan en los establecimientos, resuelvan los desafíos a los que se enfrentan para entregar la mejor educación posible a sus alumnos.

En definitiva, la libertad de enseñanza además de ser un derecho humano fundamental, es un aspecto clave para el fortalecimiento de nuestra educación pública y, como tal, debemos despejar las trabas para que sea plenamente ejercida.