Human Right Watch pide investigar operativo policial que dejó 28 muertos en una favela de Brasil
El operativo policial realizado en Jacarezinho contra una banda criminal terminó con la muerte de una veintena de personas, entre ellas un adolescente de 16 años y un policía.
El organismo señaló encontró "pruebas creíbles de graves abusos contra los DD.HH." TWITTER/JMVIVANCO
La organización Human Rights Watch (HRW) instó al fiscal general del estado de Río de Janeiro en Brasil a investigar “exhaustivamente” la responsabilidad civil y penal de los comandantes de la policía por la “redada policial más letal de la historia del estado“, en la que murieron al menos 28 personas, y los “extensos abusos” cometidos durante el procedimiento.
El operativo realizado en Jacarezinho contra una banda criminal que utilizaba menores de edad para cometer asesinatos, robos y secuestros se saldó con la muerte de 28 personas, entre ellas un adolescente de 16 años, y un agente policial, una operación que la organización ha calificado como “desastre” y que ha causado “enorme dolor”.
La labor de la Policía Civil también fue criticada por haber desmantelado el lugar en que ocurrieron las muertes y no haber dado tiempo a las autoridades judiciales a confirmar cómo se produjeron los acontecimientos.
Algunos de los detenidos durante el operativo aseguraron que fueron obligados a cargar con los cuerpos de las víctimas hasta los furgones blindados de la policía.
En este contexto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, solicitó a la Fiscalía de Río “investigar a fondo no solo a los agentes directamente involucrados en la redada, sino también a los comandantes de la policía civil que la planificaron e iniciaron, y garantizar la plena rendición de cuentas por los abusos y la aparente destrucción de las pruebas en la escena del crimen”.
Human Rights Watch aseguró que “una operación de alto riesgo y a gran escala para detener a miembros de bajo nivel de una banda de narcotraficantes no entra razonablemente en esa categoría” de casos excepcionales.
Tras analizar los registros policiales, hospitalarios y judiciales, así como los testimonios de los testigos y las fotos y videos de los cadáveres, la organización encontró “pruebas creíbles de graves abusos contra los derechos humanos”.
En este sentido, el organismo denunció que “las primeras medidas de investigación de la policía han sido lamentablemente inadecuadas”, ya que solo se ha tomado declaración a 29 agentes de los 200 que participaron en la redada.
