¿Vetos y chantajes en la Convención Constitucional?

Las elecciones ejecutadas el 15 y 16 de mayo dejaron sorpresas y plantearon una potencial reorganización de la escena política chilena. Entre ellas, la irrupción en gran número de independientes pertenecientes a la Lista del Pueblo (27 escaños), Independientes no Neutrales (11 escaños) y candidaturas independientes (10 escaños), como constituyentes no pertenecientes a otras listas. Los análisis en torno a estos resultados abarcan desde el ya estudiado desprestigio de los partidos políticos tradicionales, principalmente, hasta una nueva forma de organización a partir de la articulación de diversos movimientos socio-territoriales.

No obstante, las fuerzas representadas en la Convención Constitucional no alcanzaron los 2/3 para imponer condiciones, lo que obliga a las listas provenientes de los partidos políticos (Vamos por Chile, Apruebo, Apruebo Dignidad) a negociar. Ello, en la incógnita de cómo los 48 convencionales constitucionales independientes (casi un tercio de la Convención) se comportarán en su quehacer deliberativo (ya hay un primer apresto con la carta de los 34).

Este escenario poco habitual en la política formal chilena otorga un poder de veto inesperado para actores considerados outsiders, donde el sistema electoral y de partidos ha limitado su participación e incidencia en los procesos de toma de decisiones. De esta forma, la Convención Constitucional no sólo representa el inicio de la redacción de una nueva Constitución, también permitiría, eventualmente, proyectar un reordenamiento de las fuerzas políticas y sus actores, cuestión que se corroborará en parte, en las otras elecciones que se vienen para noviembre (parlamentarias, de consejeros regionales y presidenciales). Se tuvo un apronte en la noche del 19 de mayo, cuando se inscribían las primarias de Chile Vamos y el Frente Amplio, cuando las voces de vetos y exclusiones cruzadas se hicieron estridentes.

El poder de veto que, creemos, tendrán los constitucionales independientes y de pueblos originarios, no dice relación con el bloqueo de discusiones (como ocurre con el Veto Presidencial que, en el contexto del trámite legislativo, el Ejecutivo ejerce su poder constitucional para rechazar o modificar alguna norma, ya aprobada en el congreso), más bien, el veto en la Convención se dará en torno a la construcción de bloques, sobre la cohesión de ideas y la capacidad de articular acuerdos amplios que permitan inclinar la discusión en una u otra dirección, según con quien se alineen independientes y constitucionales de los pueblos originarios .

En este nuevo escenario, los independientes y pueblos originarios (15 escaños) toman un papel protagónico respecto de su actuación histórica en los procesos políticos del país. Ahora, la cuestión radica en cómo ocupar asertivamente su capacidad de veto respecto a tomar posturas al interior de la Convención que favorezcan sus intereses que, desde un análisis muy somero, parecieran estar más cercanos a representar planteamientos progresistas y socialdemócratas por sobre una visión conservadora (representados, en su mayoría, por los constituyentes de Chile Vamos). En esta línea, los constitucionales de pueblos originarios e independientes podrán incidir en las discusiones, imponer agenda y cambiar el statu quo mediante el diálogo y la negociación, conformando alianzas y teniendo capacidad de chantaje al interior de las mismas, entendiendo al chantaje, desde la ciencia política (homologado al sistema de partidos al interior de la Convención en cuanto a su pluralidad), como la capacidad concreta de que uno o varios integrantes logren inclinar a su favor una situación decisional.

Pero a la ya notable representación alcanzada, independientes y pueblos originarios tendrán otra herramienta de maniobra simbólica y material, como es el sentir ciudadano en las calles, quienes se van a constituir en un pulsómetro respecto a las discusiones y decisiones que se tomen al interior de la Convención, además de la promesa de algunos constitucionales de realizar cabildos ciudadanos para “hacer sentir la voz de la calle en la Constituyente”, cuestión que se ha delineado en algunas propuestas reglamentarias básicas para el funcionamiento de la Convención Constitucional.

Todo esto, permite prospectar una Convención Constitucional atractiva, tanto para expertos provenientes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales en específico, como para la/os ciudadana/os, en donde lo que ocurra al interior repercutirá inexorablemente al exterior, teniendo en los constitucionales de pueblos originarios e independientes un catalizador de los sentires de la sociedad civil. El desafío se presenta para estos nuevos actores de veto, más allá de la mera representación, en cómo acercar la Convención Constitucional a los territorios, para superar, en parte, la insatisfacción actual hacia la política, y cómo aprovechar este capital, con el que pocas veces se cuenta, para proyectar condiciones y guiar las discusiones. Estaremos atentos.