ME-O pide a la Corte revisar con “urgencia” recurso de protección contra Servel

Luego que el Tribunal Constitucional alzara la paralización de la tramitación del recurso de protección contra el Servel presentada por Marco Enríquez-Ominami, con el que busca recuperar sus derechos como ciudadano y su derecho a voto, este viernes, el servicio envió los antecedentes solicitados por la Corte de Apelaciones previo a resolver.

Por esta razón es que a través de sus abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, el líder del PRO solicitó al tribunal de alzada que se ponga en tabla “de manera urgente y a la brevedad posible” la causa en cuestión “en atención a que el día 23 de agosto de 2021 vence el plazo para la inscripción de candidaturas presidenciales, parlamentarios y Consejeros Regionales para las elecciones que se realizarán el 21 de noviembre de 2021”.

Al respecto, el fundador del PRO explicó en sus redes sociales que pidió a la Corte de Apelaciones “que resuelva pronto la causa contra el Servel para recuperar mis derechos políticos y ciudadanos. Entendemos estamos frente a una emergencia sanitaria, pero en tiempos de democracia pedimos tener la posibilidad de elegir y ser elegido”.

Enríquez-Ominami interpuso un recurso de protección contra del Servicio Electoral con el objetivo de que se le restituyan sus derechos políticos y ciudadanos, que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el denominado caso SQM.

De acuerdo al escrito presentado ante el tribunal, la decisión responde a la orden del Servel de “no permitir al señor Enríquez-Ominami Gumucio a la inscripción de su candidatura a primarias para la nominación al cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas -en especial, el de Presidente de la República-, por considerar erróneamente que el recurrente, supuestamente, habría perdido la calidad de ciudadano con derecho a sufragio”.

En la misma línea, el recurso agrega que el fundador del PRO “no está condenado”, argumentando que la suspensión a la que se alude es por estar investigado por delitos que “merecen pena aflictiva”.

Paralelamente ME-O presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que busca impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas.

En el escrito, que fue acogido a trámite y se está a la espera de su revisión, el excandidato presidencial argumenta que de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos “ningún imputado en un proceso penal puede ser privado, restringido o perturbado en el ejercicio de un derecho que la Constitución Política de la República asegura, sin una aprobación judicial previa, el cual es infringido y vulnerado”.