El problema del camino fácil

Gabriela Clivio es Economista. Founding member CFA Society Chile

Desde niños a todos nos enseñaron la importancia de decir la verdad; de adolescentes, además de la verdad, debíamos entregar respuestas oportunas y responsables cuando nos preguntaban algo. Lo anterior también debiera aplicar a los adultos y especialmente si la información que estos manejan afecta a los intereses de muchas personas al desempeñarse en cargos públicos. En teoría, el decir la verdad es algo que tenemos que hacer, pero en la práctica este principio muchas veces falla y el ejemplo más reciente en Chile es el papel que desempeñaron algunos parlamentarios ante la discusión de los sucesivos retiros del 10% en las AFPs y la subsecuente baja sostenida que registran hoy las rentabilidades de los fondos de pensiones menos riesgosos (fondo E), como consecuencia directa de ello. A mi juicio, otro de los grandes responsables de la situación a la que llegamos es la desconexión de los últimos años de los equipos técnicos con la ciudadanía.

Los tres retiros de fondos de las AFPs buscaron resolver en el corto plazo un problema que afectó a cientos de chilenos en el año 2020 como consecuencia de la pandemia y la lentitud del Gobierno en canalizar las ayudas junto con la ausencia de los mecanismos para articular las transferencias: dar liquidez a quienes dejaron de recibir ingresos tras la paralización de sus respectivas actividades como consecuencia de la imposición de las cuarentenas y la situación de desempleo. La solución más rápida -y de alguna manera “popular”- a nivel del Congreso, fue recurrir a las cuentas de capitalización individual (enarbolando de manera encubierta la postura de No más AFPs), sin escuchar a los expertos que advertían sobre las consecuencias dado su nivel de desconexión histórico. Así, no se midieron las consecuencias no solo a nivel de precios de los activos en lo inmediato, sino también el costo a mediano y largo plazo para los usuarios del sistema y la situación en la cual quedaron cerca de 5 millones de personas que definitivamente ahora quedaron sin ahorros para su vejez.

Es triste comprobar que lo que ocurre hoy es algo que se sabía que iba a pasar, pero en la discusión previa parecía lo más lógico no escuchar a los técnicos. ¿Por qué no fueron escuchados? Lo cierto es que los asesores de políticas públicas y técnicos llevaban años sin hacerse cargo de las desigualdades que existen en el país, sin poner a las personas al centro, ni la economía al servicio del ser humano y sus problemas. Esta fuerte carga negativa acumulada les jugó en contra a los expertos y
cuando estos tuvieron que hablar fuerte y claro ante la opinión pública para advertir las consecuencias de cada retiro, nadie los escuchó. Porque ya no habían conectado con las necesidades y urgencias de las personas. En cambio, se escuchó a los políticos, quienes optaron por una solución rápida con el consiguiente beneficio para sus agendas propias y futuras campañas.

Lo que estamos viendo hoy con la rentabilidad negativa de los fondos E es la consecuencia de la venta de activos en el mercado local una vez que los retiros fueron aprobados. En simple: las AFP debieron vender instrumentos de renta fija local para obtener liquidez y pagar los retiros de fondos aprobados por el Congreso. Esto aumentó la cantidad de bonos disponibles (u oferta) de manera importante en el corto plazo, lo que frente a una demanda dada, derivó en una caída en el precio de los bonos principales activos del fondo E. Si a esto agregamos el aumento de la deuda emitida por el apoyo fiscal a los más perjudicados por la pandemia y la consiguiente alza de las tasas de interés, se puede explicar claramente por qué el valor de la cartera de estos fondos más conservadores se vio negativamente afectada. No es necesaria una comisión investigadora para llegar a esta conclusión, es sólo sentido común. Pero claro, el sentido común suele ser el menos común de los sentidos en determinadas circunstancias.

La lección que nos deja esta situación es que siempre es necesario resolver los problemas de las personas, así como también lo es entender e identificar las posibles consecuencias antes de tomar cualquier decisión de tamaña envergadura. Analizar los posibles efectos económicos de cada medida requiere de un conocimiento técnico y socialmente responsable antes de optar por el camino más fácil. Algo que aparentemente en el Congreso no se hizo antes de seguir impulsando los sucesivos retiros de las AFPs. Las decisiones tomadas solo en base a una primera lectura puede que hayan servido al principio. Pero, ¿qué hacemos después con los efectos secundarios? A futuro, tengamos presente que es la economía la que debe estar al servicio de mejorar la vida de las personas. Es cierto que técnicos, expertos y asesores tienen la tarea de recuperar la reputación perdida y entregar información objetiva, clara y precisa. Y no es menos cierto que se les debe incorporar en las discusiones donde un conocimiento experto es imprescindible.