Asignaciones: otro error evitable de la Convención
Todos queremos que el proceso constituyente sea exitoso y que los convencionales cuenten con los medios adecuados para trabajar. Por eso les pagamos un sueldo de más de $2.500.000; otros tantos en asignaciones y otros gastos no contemplados en éstas que pagamos nosotros de igual manera. Tienen condiciones laborales que ya se las querría cualquier trabajador chileno.
15va sesión de la Convención Constitucional en el ex Congreso Nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Juan L. Lagos es Investigador de la Fundación para el Progreso
La decisión de los convencionales de aumentar sus asignaciones de 30 a 77 UTM es un nuevo paso en falso que sigue alejando a la Convención de aquellos ciudadanos que depositaron sus esperanzas en el órgano constitucional.
Nadie podría negar la autonomía que la Convención Constitucional tiene en esta materia. En efecto, el inciso final del artículo 134 de la Constitución señala claramente que las asignaciones se establecerán en el Reglamento de la Convención. Sin embargo, tampoco podemos pensar que este sería un problema de naturaleza jurídica; se trata de uno estrictamente político y, para colmo, absolutamente evitable. A vuelo de pájaros se me ocurren dos alternativas mucho más adecuadas para hacer efectiva esta facultad.
La primera habría sido dejar el tema de las asignaciones como discusión final, una vez definido todo el resto del reglamento. Esto habría demostrado la capacidad de los convencionales de postergar sus intereses en favor del proceso en su conjunto. Sin embargo, las prisas en casi triplicar las asignaciones establecidas en la Ley de Presupuestos dan muestra de todo lo contrario. No es de recibo que, al igual que diputados y senadores, los convencionales sean tan diligentes en legislar beneficios propios y tan torpes en trabajar por el bien común.
La otra opción habría sido esperar que el Comité Externo de Asignaciones —organismo encargado de administrar y fiscalizar dichos dineros— propusiera una alternativa de esta clase de gastos a la Convención Constitucional. Habría sido un noble gesto para mostrarle a la ciudadanía que, a diferencia de lo que sucede en el Congreso Nacional, los convencionales no cometen la tropelía de decidir el monto de sus propias asignaciones. Esta alternativa no solo era deseable, también era posible: la misma semana en que se había destapado la polémica de los curiosos gastos de la Mesa —transporte con seguridad; costosos alojamientos y pimentones con queso azul— la Convención había hecho algo bien: ya había aprobado la conformación del Comité Externo de Asesores con un amplísimo respaldo. ¿Cómo no fueron capaces de dejar la polémica de las platas a un lado y delegarle esta misión a dicho comité? Nuevamente, las prisas por disponer de más dinero los hacen cometer este error político.
Todos queremos que el proceso constituyente sea exitoso y que los convencionales cuenten con los medios adecuados para trabajar como corresponde. Por eso les pagamos un sueldo de más de $2.500.000; otros tantos en asignaciones y otros gastos no contemplados en éstas que pagamos nosotros de igual manera. Tienen condiciones laborales que ya se las querría cualquier trabajador chileno; ¿cómo no entienden que sus quejas no hacen más que distanciarlos de la ciudadanía? El galopante aumento de la desaprobación de la Convención es en las últimas encuestas una prueba fehaciente de ello.
