Cámara Baja manda a comisión mixta la reforma al Código de Aguas

La Sala de la Cámara concluyó el debate de las modificaciones del Senado al proyecto que reforma el Código de Aguas. Tras las 28 votaciones verificadas, la Corporación rechazó parte de los cambios efectuados en el segundo trámite, por lo que deberán zanjarse las diferencias en una comisión mixta.

La propuesta tuvo su origen en una moción ingresada en marzo de 2011. Busca reforzar el carácter de bien nacional de uso público del agua. Además, reconocer las diversas funciones que esta puede cumplir: social, subsistencia, ambiental, productiva, etc.

En tal plano, el proyecto pretende dar seguridad al acceso al agua. Para esto, permite al Estado resguardar que, en todas las fuentes naturales, exista un caudal suficiente.

En cuanto a los derechos de aprovechamiento, crea un nuevo tipo de permiso para su uso denominado concesión, intransferible e intransmisible, que se orienta a las funciones esenciales y prioritarias del recurso.

Durante la votación de las enmiendas del Senado al Código de Aguas, la Sala rechazó 18 de estas. Una de las normas con menos respaldo fue la que regulaba la instalación excepcional de drenajes en las zonas de turberas. Esto aplicado a las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena.

Sobre el punto, el Senado proponía que, con una resolución de calificación ambiental, podrían desarrollarse proyectos públicos de conectividad vial. Establecía que se desarrollaran en fajas acotadas y con un trazado menos invasivo para asegurar la mantención de dichos sistemas ecológicos. Sin embargo, no logró el respaldo necesario.

También tuvo un amplio rechazo el texto referido a la declaración de zona de prohibición para nuevas explotaciones. Ello, cuando los derechos de aprovechamiento existentes en un área de restricción comprometa toda la disponibilidad.

Además, se refutó la norma que modificó el sentido de que las aguas cumplen la función de subsistencia, por el de uso doméstico de subsistencia. Junto a lo mencionado, también se rechazaron normas vinculadas a las concesiones mineras y a los plazos y requisitos para las solicitudes de prórrogas de los derechos.

Tampoco consiguieron el respaldo reformas a la protección de los acuíferos y a los efectos del cambio de uso de un derecho de aprovechamiento, ni algunos nuevos artículos transitorios.