La batalla por el agua que enfrenta al agro, las mineras y a las sanitarias

El 7 de enero, desde su oficina en calle Agustinas, el director nacional de Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), Ricardo Ariztía, hizo un crudo diagnóstico sobre el futuro de la pequeña agricultura.

 

El ex presidente de la Confederación para Producción y el Comercio (CPC) advirtió que este sector de la economía estará condenado a muerte a manos de las empresas sanitarias si la Corte Suprema no revierte el fallo de la Superintentencia de Servicios Sanitarios que faculta a estas empresas a cobrar por el uso del agua tratada.

 

Ariztía evidenció así la guerra tripartita entre el agro, las mineras y las sanitarias por los derechos de uso sobre el agua tratada. Una pugna que a fines de enero resolverá el máximo tribunal al fallar sobre el recurso que los canalistas de Chile presentaron en 2003, buscando impugnar los derechos sobre el agua que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) le entregó a las empresas.

 

En esta polémica incluso salió al ruedo el presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, Ronald Bown, quien manifestó su preocupación por el negativo impacto que tiene sobre la industria el modelo de negocios que las sanitarias quieren imponer con el uso del agua, que ante la imposibilidad del agro de pagar por el recurso han optado por venderla a las empresas mineras.

 

Bajo este timing, a partir del 1 de febrero los agricultores del sector bajo de Copiapó, como Chamonate y Toledo,  quedarán sin agua. El destino del vital elemento será la minera Candelaria, propiedad de la norteamericana Freeport-McMoran Copper & Gold,  que comenzará a pagar por el uso de las aguas tratadas por la sanitaria Chañar. 

 

La polémica se instala a partir de lo que el Estado delega en manos de los privados,  a quienes les encomienda cuatro funciones: la transformación del agua cruda en potable, su distribución, recolección y tratamiento. 

 

Es en este último punto es  donde surgen las diferencias. Según la SISS,  “el concesionario de disposición se hace dueño de las aguas servidas que recolecta y trata mientras no las abandone”. Esta interpretación le permite a Aguas Chañar cerrar la llave a los agricultores y acordar la venta a la minera. 

 

“Nos sentimos pasados a llevar al ver que el agua se la está quedando una empresa extranjera. Es verdad que Copiapó es zona minera, pero también es agrícola”, reclama Cristián Palavicino, presidente de los regantes de Chamonate. La organización agrupa a unos 100 parceleros qué durante décadas han regado sin problema sus plantaciones. 

 

Pero el conflicto no sólo es en Copiapó. La doctrina utilizada por la SISS entregará la propiedad de este bien nacional a todas las sanitarias del país, lo que a juicio de Ricardo Ariztía hará que “los pequeños agricultores no puedan continuar con su actividad, ya que les resultará muy difícil, si no imposible, competir por este recurso con sectores consolidados y de ingresos muy superiores como, por ejemplo, la minería”. 

 

Por esta razón es que la Confederación de Canalistas de Chile (CCCH) interpuso la acción legal que pretende dejar sin efecto la determinación de la SISS.  

 

El abogado de la CCCH, Luis Simón Figueroa explica que los decretos de concesiones obligan a las empresas a retornar el agua a los afluentes naturales y no permite que sean trasladadas a otra parte para que se haga un nuevo negocio con ella.

 

Figueroa pone la voz de alerta y aclara que “la disposición de la SISS deja en manos de las empresas sanitarias parte importante de los riegos, lo que hace que adquieran un gran poder al ser los únicos oferentes de importantes caudales”. 

 

Negocio millonario

 

Si bien no se conoce el precio que pueda llegar a pagar Candelaria por el agua de Copiapó, los expertos afirman que no será menos de $5 millones el litro por segundo. Se calcula que lo que se entregará a la minera bordea los 170 litros por segundo. Esto además, significaría una doble ganancia para las sanitarias, puesto que los consumidores ya pagan por el tratamiento de las aguas, que en la capital de la tercera Región alcanza los $2.850 mensuales. 

 

El abogado representante de los canalistas espera que la Corte Suprema les de la razón, de lo contrario asegura que “terminaremos pagando todos los chilenos, pues los regantes que no tengan agua buscarán solución en el Estado”. Lo que es ratificado por Palavicino, “el Estado tendría que darnos una mano porque habría que hacer pozos y acá no se encuentra agua menos de 100 metros de profundidad, lo que no es rentable para nosotros”, aseguró el dirigente. 

 

 El caso Toledo

 

Toledo es una localidad a pocos kilómetros de Copiapó donde habitan poco más de 600 habitantes dedicados principalmente a la agricultura familiar campesina. Sus habitantes saben que a partir de febrero no tendrán agua para regar. “Nos quedarán 10 litros por segundo por cada uno de los cuatro canales, eso no alcanza ni para mojarse los pies”, asegura el dirigente Gino Aróstica. 

La situación de esta localidad es diferente a la vivida en  Chamonate, pues los habitantes de Toledo adquirieron sus tierras en medio de la Reforma Agraria, donde aseguran se les entregó los derechos sobre el agua. “Aguas Chañar no puede vender lo que no es de ellos”, reclama Aróstica y revela que están preparando a un equipo de abogados para que los defienda en tribunales. 

Según Aróstica, cuando se instaló la minera Candelaria les aseguraron que trabajaría con agua de mar desalinizada lo que “nunca ha ocurrido”. 
 

 

Habrá entonces que esperar el fallo de la Corte Suprema para saber si los predios de entre 20 y 40 hectáreas, como los de Toledo, se podrán seguir regando como hasta ahora. De no ser así, sólo tienen agua asegurada por un par de semanas.