El Cuco: parlamentarios podrían arriesgar patrimonio si aprueban retiro en rentas vitalicias
Según explicaron a EL DÍNAMO especialistas en derecho económico, los legisladores partidarios de la medida podrían terminar pagando una indemnización a afiliados y aseguradoras por provocar un mal a sabiendas.
Desde la Cámara de Diputados solicitaron un informe de derecho para ver qué acciones legales pueden iniciar los afiliados o aseguradoras. AGENCIA UNO/ARCHIVO
“No estamos dispuestos a recibir ningún chantaje, ni ninguna amenaza”, señaló en el salón El Pensador del Congreso entre titubeos la diputada de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, tras enterarse de una posible acción legal en contra de ella y de todos los parlamentarios que aprobaron el tercer y cuarto retiro, donde se incluyó el adelanto para las rentas vitalicias.
El temor de la diputada surgió porque, según evidenció el abogado y representante de las aseguradoras Confuturo y Consorcio, Cristóbal Eyzaguirre, el derecho contempla herramientas para hacer efectiva la “responsabilidad personal y penal” de cualquier persona, incluso en los parlamentarios, quienes pese a las advertencias de especialistas validan el retiro previsional para las rentas vitalicias.
La advertencia incluso repercutió al interior de la mesa de la Cámara de Diputados, donde su presidente, Diego Paulsen (RN), solicitó un informe comparado a los asesores de la corporación para “ver cuál es la repercusión que puede tener aquello”, ya que los legisladores podrían terminar pagando con sus propios patrimonios el costo de haber aprobado el tercer y cuarto retiro considerando a las rentas vitalicias.
“Creo que tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros actos, si no puede ser gratis que podamos hacer y deshacer sin pagar ningún costo”, alertó Paulsen.
Cómo y por qué los parlamentarios arriesgarían su patrimonio
El abogado experto en derecho económico, Christian Aste, explicó a EL DÍNAMO qué tipo de acciones legales podrían iniciar los afiliados y aseguradoras en contra de parlamentarios partidarios de adelantos para las rentas vitalicias.
Lo primero, de acuerdo al también socio de VLA Abogados, es que el eventual pago de una indemnización por parte de los parlamentarios u otra sanción “es perfectamente válido porque todos somos iguales ante la ley y si los parlamentarios causan un daño, todo daño debe ser indemnizado“.
“Si hay un actuar irresponsable, deben hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y responder con todo su patrimonio. De lo contrario, sería muy fácil utilizar su cargo para hacer lo que quieran. Es perfectamente posible hacerlos responsables por sus decisiones”, profundizó.
Una de las acciones legales, según el experto, es una demanda civil de perjurio en contra de los parlamentarios por “responsabilidad extracontractual”. Principalmente, porque hubo un daño, pese a que “se les entregaron informes disuasivos donde les explicaron el daño que han significado, y pueden significar, los retiros. Aún así, a sabiendas, lo han hecho”.
“Hay culpa, daño y una relación de causalidad entre el daño y el accionar de ellos”, continuó Aste.
Eso sí, el abogado especificó que el camino para las aseguradoras o afiliados que deseen iniciar acciones legales en contra de los parlamentarios no será fácil porque “la única forma de recurrir contra una ley es hacerlo por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional”.
“Entonces aquí se debe demandar el daño por la responsabilidad extracontractual del político. No se está recurriendo contra un acto específico”, detalló Christian Aste, junto con agregar que también se puede recurrir ante tribunales internacionales, es decir, “demandar a Chile internacionalmente por la responsabilidad que han tenido frente a estas decisiones políticas populistas y que comprometen el patrimonio del Estado”.
Recurso de protección aparece en horizonte de rentas vitalicias
Junto a un eventual pago de indemnización por parte de los parlamentarios a las aseguradoras y afiliados bajo el sistema de rentas vitalicias, el abogado Pedro Echeverría Faz, socio del estudio Echeverría-Ilharreborde-Scagliotti, creó un sitio web para que quienes lo deseen se puedan sumar a un recurso de protección en contra de los legisladores y el presidente Sebastián Piñera, por los perjuicios que podrían generarse tras la aprobación del cuarto retiro del 10%.
En el portal, Echeverría alertó que la iniciativa donde se autoriza un segundo adelanto de las rentas vitalicias significará la “insolvencia de muchas compañías del rubro”, ya que “afectaría no solo a quienes hagan el retiro, sino a todos los pensionados de esas compañías“.
“De esta manera, si el proyecto sigue adelante, es probable que un número importante de los pensionados bajo este sistema pierdan de un día para otro un 25% de su pensión”, agregó el defensor.
Al respecto, el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, Emilio Oñate, explicó a EL DÍNAMO que el recurso de protección es una herramienta distinta a la acción indemnizatoria y le parece más acertada.
“Cualquier persona o grupo que se vea amenazado por un acto u omisión del Estado o de un particular puede presentarlo para que esa actuación quede sin efecto, pero el recurso de protección es distinto”, sostuvo.
En esta línea, Oñate precisó que un eventual recurso de protección como el que busca materializar Pedro Echeverría “no es una acción que permita obtener un resarcimiento patrimonial. O sea, no me van a indemnizar si se acoge, por lo tanto, no es la vía para obtener indemnización”.
