Rechazo al veto: el impacto del freno de los despidos a los profesores mal evaluados

El 27 de octubre la Cámara de Diputados rechazó un veto supresivo que había presentado el Gobierno en por la nueva ley de estatuto de los profesionales de la educación, el que entre algunos de sus puntos frenaba el despido de los profesores que habían sido mal evaluados.

El Ministerio de Educación (Mineduc) cuestionó que la nueva normativa -que es respaldada por el Colegio de Profesores- busque “suprimir la eliminación de la causal de despido por malos resultados reiterados en la evaluación docente”.

El rechazo al veto fue celebrado por la oposición y el magisterio, que incluso organizó un paro para expresar su molestia ante el bloqueo. Desde el Ejecutivo, en cambio, lamentaron que las observaciones hayan sido desestimadas, apuntando a la próxima votación en el Senado.

Los expertos en educación miraron con preocupación lo ocurrido en la Cámara Baja. En una carta al diario El Mercurio, algunos ex ministros como Mariana Aylwin, Harald Beyer y Adriana Delpiano, además de Sylvia Eyzaguirre, Tomás Recart y Mario Waissbluth, entre otros, plantearon su inquietud sobre los cambios aplicados en materia de evaluación docente.

“Tomó más de una década y varias huelgas hasta que la Concertación logró concordar esta evaluación docente con el Colegio de Profesores, en 2005. Y ahora, parlamentarios de la oposición y de gobierno echan abajo uno de sus pilares”, señalaron.

Los especialistas agregaron que la consecuencia del rechazo al veto “será la impunidad académica al interior de la escuela subvencionada, especialmente la pública”, añadiendo que los directivos y profesores mejores evaluados “carecerán de herramientas” para lidiar con aquellos de rendimiento deficiente.

Las claves del despido por evaluación docente

El freno al despido de los profesores mal evaluados generaría un impacto profundo en las comunidades educativas, que llevaban más de una década con un sistema que buscaba mantener a los docentes con mejor rendimiento.

Magdalena Fernández, directora del Magíster en Dirección y Gestión Escolar de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD), detalló a EL DÍNAMO que la causal de despido por mal desempeño “era una de las atribuciones que iban a tener los líderes escolares”.

“Esto implicaba que (a los profesores) los evaluaban tres veces antes de ser despedidos, no es a la primera y ‘hasta luego’, sino que es un proceso que se había pensado justamente para dar oportunidades para el desarrollo profesional docente y para la mejora de estas habilidades docentes que eran necesarias para desempeñarse bien en la sala de clases”, expresó.

La integrante del equipo del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo (CILED) de la UDD añadió además que “no era algo que de un día para otro una persona iba a terminar siendo despedida de forma arbitraria por su sostenedor o su director”.

Fernández precisó que la nueva ley, sin esta consideración contenida en el veto, restará las atribuciones a los sostenedores, quienes como empleadores tendrían muy pocas opciones de finalizar su vínculo con los profesores mal evaluados para la labor en la sala de clases.

“Al final, lo que queda desprotegido es el aprendizaje de los estudiantes, las oportunidades de aprendizaje que ellos tienen”, agregó la académica, insistiendo con que los procesos de evaluación son “bastantes largos” y dan oportunidades de mejora para los maestros.

El momento político

El paro realizado por el Colegio de Profesores, el que se realizó en medio de un intenso momento político marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 21 de noviembre, también fue condimento para el rechazo al veto y a los despidos de los docentes con evaluación deficiente.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, apuntó directamente al “interés electoral” que tendría la votación de la Cámara de Diputados.

“El veto del Ejecutivo corrige varios elementos que van en contra de una educación de calidad, el más notorio es la prohibición de desvincular profesores sistemáticamente mal evaluados. Se quita una de las pocas herramientas que tienen los directores y se protegen profesores sin las competencias mínimas para enseñar”, expresó.

Rodríguez añadió que “es importante que existan mecanismos para que los profesores que sistemáticamente no logran que los niños aprendan salgan del sistema, pues son un perjuicio para los mismos niños. El mecanismo vigente es absolutamente de excepción -debes ser mal evaluado en 3 ocasiones consecutivas, lo que implica un plazo de más de 10 años- y si bien es bastante criticable, al menos es algo”.

“Los diputados buscan finalmente una inamovilidad a todo evento, un empleo asegurado de por vida justamente dirigido a los docentes con probabas bajas competencias”, complementó.

Magdalena Fernández reforzó esta mirada afirmando que el Colegio de Profesores “tiene sus vínculos políticos claros”, los que hizo efectivos en medio de una situación política “súper volátil” con varias discusiones en desarrollo.

“Las decisiones no están siendo tomadas con la evidencia en la mano, sino que hay mucha ideología detrás. Y en eso no se ve que senadores o diputados estén pensando las cosas con la evidencia en la mano, sino que con calculadora política”, señaló.