Pensar la paridad ante la incertidumbre: las elecciones presidenciales y el resguardo al proceso constituyente

Chile tiene una de las peores representaciones políticas de las mujeres en América Latina. Frente a aquello, la Ley de Cuotas 20.840, aprobada en el año 2015 e implementada para las elecciones de 2017, obligó a los partidos políticos a presentar en sus listas, a partir de nuestro sistema de elecciones proporcional, un porcentaje de al menos 40% de mujeres a las elecciones parlamentarias, para incrementar la inclusión de mujeres en cargos de representación política.

En Chile, las cuotas de género implicaron un aumento de las mujeres en cargos de elección parlamentaria en las elecciones de 2017: se pasó de 19 a 35 diputadas de los 155 escaños de la Cámara Baja. Por su parte, el Senado aumentó de 6 a 10 de los 46 escaños. Actualmente, luego de las elecciones del pasado 21 de noviembre, la representación femenina en el Congreso aumentó en la Cámara Baja de 35 a 55 diputadas (es decir, el 35,5% del total), mientras que en el Senado se mantuvo igual a las del año 2017. Pese a los avances de estos años, según cifras de ONU Mujeres, Chile en 2020 seguía ocupando -en términos de representación parlamentaria- el puesto 87 a nivel global, estando por debajo de países como El Salvador, México, Ecuador y Uganda, entre otros.

La actual ley de cuotas ofrece a los partidos políticos un incentivo económico por candidata electa de 500 UF. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para alcanzar una representación paritaria de mujeres en el Congreso, pues aún las mujeres están por debajo del 40% de los puestos de ambas Cámaras. El actual sistema incentiva la inscripción de mujeres en listas, como una forma de dar cumplimiento al requisito (del 40%). Pero, finalmente no resulta una forma real de inclusión paritaria para su asunción al poder político. En efecto, muchas veces ha ido en desmedro de las carreras políticas de estas mujeres e, incluso, ha impulsado la de algunos hombres.

En el marco del proceso constituyente, las elecciones nos ofrecieron un panorama totalmente contrario. Aquí la paridad se instauró no como un mecanismo de inscripción de listas, sino de elección de representantes. Dicha paridad representativa, en varios casos, permitió la corrección a favor de los hombres, quienes pudieron entrar a la Convención a través de este mecanismo, dada la alta votación alcanzada por mujeres. De esta manera, podemos ver que efectivamente hay mujeres competitivas y fuertes en materia de ideas y representación. Por tanto, a nuestro parecer, son los partidos políticos los que no han impulsado los espacios de partición de mujeres. Por ejemplo, en Apruebo Dignidad logró la presentación femenina de 19 candidatas electas, en la Lista del Pueblo fueron electas 14 de las 23 candidatas, y, en el caso de la lista Movimientos Sociales, 10 de las 14 candidatas.

El proceso constituyente ha sido ampliamente valorado por la mayoría de las y los votantes nacionales y apreciado en lo internacional. Esto se debe a la composición de sus integrantes, pues se trata de una Convención paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios. Asimismo, se ha destacado el hecho de ser un proceso liderado por una mujer indígena, Elisa Loncón.

Tal como lo han venido señalando los movimientos feministas y las académicas expertas en la materia, la paridad política es clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y democrática. En efecto, la toma de decisiones debe incluir a aquellas personas que hemos sido históricamente marginadas a raíz de legislaciones alejadas del pleno respeto por los Derechos fundamentales y que, de distintas formas, han afectado nuestras vidas, cotidianidades y cuerpos. De ahí la necesidad de avanzar, en contraste a los mayoritarios, hacia sistemas proporcionales que permitan una mayor participación de las mal denominadas “minorías”, como supuestamente seríamos las mujeres y las disidencias sexuales. Pese a este auspicioso panorama, han emergido distintas voces, desde los sectores conservadores, que han intentado deslegitimar el proceso constituyente en curso. Estos sectores políticos han puesto en duda, incluso, los derechos ya ganados por las mujeres hace décadas, tal como el derecho a voto. Esto nos lleva a pensar en los peligros que amenazan la paridad y la representación de las mujeres y diversidades en los espacios políticos. Dada la polarización del debate hoy en día, y frente a las personas que han tratado de boicotear el proceso constituyente, creemos que será más difícil lograr la implementación de la nueva Constitución bajo el gobierno de sectores políticos que se posicionaron en contra del proceso.

Hoy, más que nunca, debemos defender el proceso constitucional, sobre todo porque fue validado por una mayoría sustantiva de la ciudadanía que se manifestó en las urnas. Con la votación de su reglamento a fines del mes de septiembre, se estableció el enfoque de género y feminista como un principio rector y transversal para el tema de la paridad en la Convención, reconociendo así que aquella debe ser un piso y no un techo por alcanzar. También se abrió este espacio a las diversidades sexo-genéricas, al considerar la posibilidad de una paridad no binaria.

Con todos estos antecedentes y ante la firme convicción del proceso histórico que estamos viviendo, creemos importante avanzar hacia una democracia paritaria que, en el sistema político en su conjunto y en todos los tipos de elecciones, asegure la participación y la inclusión a esos espacios de quienes hemos sido históricamente excluidos y excluidas -entre otros, mujeres, disidencias sexuales y pueblos indígenas. La Convención ha asentado, en ese sentido, un piso fundamental, a propósito de la discusión y aprobación de su reglamento.

No obstante los avances, siguen siendo los hombres quienes ocupan mayores espacios de representación, si nos percatamos de los resultados de las elecciones parlamentarias del último mes. Las cuotas, en definitiva, demuestran no ser suficientes. De ahí que nos moviliza un proyecto paritario, con enfoque de género y feminista. Tal como fue determinado por el propio órgano que hoy está escribiendo la que podría ser nuestra nueva carta fundamental. el norte es no poner en cuestionamiento los derechos que hemos adquirido, sino ampliar y proteger aquellos espacios que hemos ganado luego de siglos, décadas y años de luchas por la igualdad.