“Cárcel para Sebastián Piñera” consigue 15 mil firmas y será debatida en la Convención
La iniciativa popular de norma establece que el saliente mandatario tiene responsabilidad política y penal en las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el estallido social.
A menos una semana desde que fue ingresada en la plataforma de iniciativas populares, la propuesta “Cárcel para Sebastián Piñera” consiguió 15 mil firmas y está en condiciones de ser debatida al interior de la Comisión de Sistema de Justicia de la Convención Constitucional.
Esta propuesta fue presentada por uno de los fundadores de la ex Lista del Pueblo, Mauricio Menéndez y antes de comenzar a recibir el apoyo ciudadano pasó los filtros de la Convención.
Según el documento, el saliente presidente Sebastián Piñera tiene una “responsabilidad política y penal” en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social y debe “responder ante los tribunales que sean necesarios, tanto nacionales como internacionales”.
“No solo por el afán de buscar justicia sino también imprimir memoria en la mente y corazones de los futuros ciudadanos, quienes no quieren otro presidente corrupto y cruel como el actual”, se agregó en el documento.
“Cárcel para Sebastián Piñera” busca no repetición
Tal como dice su nombre, la propuesta busca que el presidente Sebastián Piñera vaya a la cárcel, pero lo medular es dar garantía de justicia y no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Según el autor de la iniciativa popular de norma, la garantía de justicia debe ser entendida como que nunca más un presidente abuse de su poder.
Por ello, la propuesta que ahora será analizada por la Convención Constitucional, tiene sólo un artículo donde se pide garantizar en nuestra nueva Carta Magna “justicia y no repetición, de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo”.
Desde su presentación, la iniciativa popular de norma ha llamado la atención de la ciudadanía, medios de comunicación y política nacional por su nombre.
Eso sí, la Secretaría de Participación Popular explicó que cada grupo o persona que presenta propuestas define su nombre, el cual es de libre elección y “no tiene mérito jurídico”.