Caso Luchsinger-Mackay: el rol clave del futuro jefe de gabinete de Boric ante la CIDH para anular las condenas

El 22 de marzo del año 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acogió un requerimiento para revisar si las condenas de presidio calificadas dictadas por la Corte Suprema contra José Peralino, Luis Tralcal, José Tralcal como autores del delito consumado de incendio con resultado de la muerte del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivian Mackay perpetrado en 2013 .

En la presentación ante la CIDH, que busca anular el juicio y absolver a los condenados, el ahora jefe de Gabinete del Presidente electo, Matías Meza-Lopehandía, fue una pieza clave. El profesional estructuró el planteamiento y la redacción de los argumentos jurídicos que presentó de un equipo de cuatro abogados compuesto por Sebastián Saavedra, Karina Riquelme, Pablo Ortega y Pablo Villar.

“Matías Meza nos ayudó y asesoró con la redacción de la presentación y en cómo plantear el problema (jurídico) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló el abogado Sebastián Saavedra a EL DÍNAMO.

En el Frente Amplio manifiestan que Matías Meza-Lopehandía es un especialista en el tema, con más de 15 años de experiencia en conflictividad mapuche. Su trabajo con derechos de los pueblos originarios comenzó en la Facultad de Derecho en 2005 y se profundizó en los años en que vivió en La Araucanía, cerca de las comunidades en conflicto.

El jefe Gabinete del Presidente electo también trabajó con el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y colaboró en el Centro de Investigación y Defensa Sur, una entidad dedicada a los Derechos Humanos de comunidades mapuche que los asesora en casos de “delitos asociados a la protesta social” y Ley Antiterrorista.

Luego de que la CIDH acogió el recurso, envió un requerimiento de información al Estado chileno en mayo de 2021. El requerimiento fue respondido por un equipo de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores en un informe de 16 páginas donde explica las etapas formales que tuvo la causa del caso Luchsinger y que no hay ningún fundamento para el recurso.

En los próximos días, el equipo de abogados que patrocina la causa en la CIDH hará llegar a la instancia la contestación de la defensa chilena. Luego de esta “réplica” de la defensa, la CIDH comenzaría a trabajar en un fallo.

La ayuda y asesoría de Meza-Lopehandía

Según cómo se plantea el contenido de los argumentos, en cuyo eje ayudó Matías Meza-Lopehandía, la denuncia persigue que el caso sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “se proceda a condenar al Estado de Chile por la infracción al debido proceso, a la igualdad ante la ley y La protección judicial”.

Asimismo, la defensa de los condenados explicó que se “busca además que se tomen las medidas necesarias para que se le devuelvan los derechos conculcados a Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino”.

“Esto lo que implica que sean anuladas las condenas tal como sucedió con otras sentencias dictadas a comuneros mapuches entre 2001 y 2004 en el fallo del caso Norín Catrimán v/s Chile que fue notificado al Estado el 2014, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos anuló las condenas y se dictaron sentencias absolutorias por falta de igualdad ante la ley, infracción al debido proceso y en ese caso la aplicación de la Ley Antiterrorista”, sostuvo Sebastián Saavedra.

Redacción y argumentos presentados ante la CIDH

Los fundamentos de la presentación apuntan a que la condena que recibieron Luis Tralcal, José Tralcal y José Peralino Huinca, “es injusta” y que se basa en el “testimonio de Peralino que fue obtenido bajo presión ilegítima”, según declaración ante el Tribunal de Garantía de Temuco.

En el planteamiento y la redacción de los argumentos jurídicos de la presentación, se impugna que “no existió un Tribunal imparcial”, se reclama que el Poder Ejecutivo “ejerció presión en contra de los jueces” y se argumenta contra el uso indebido de herramientas y reglas usadas en caso de aplicación de Ley Antiterrorista.

Abogado defensor: “Se reclama que no existió un Tribunal imparcial”

El abogado Sebastián Saavedra manifestó a EL DÍNAMO que en el texto “se reclama que no existió un Tribunal imparcial, fundado en una licencia que presentó una de las magistradas en la audiencia del juicio oral, hecho que nunca fue aclarado por el Poder Judicial”. 

Añadió que se denuncia también “presión del Poder Ejecutivo en contra de los magistrados, principalmente con mensajes emitidos por el presidente de la República Sebastián Piñera una vez que se dictó el fallo condenatorio”, explicó el abogado Saavedra.

Según precisó el profesional, también se hace presente un reclamo por aplicación de la Ley antiterrorista, que si bien no fue aplicada (por disposición de la Corte Suprema tras un recurso interpuesto por los defensores), en la práctica —sostiene Saavedra— el proceso siguió con las reglas de esta norma de excepción. 

“Esto significó prisiones preventivas y la figura especial de esta ley antiterrorista de delación compensada, que es la figura de la que se acogió la Fiscalía para tomar declaración a José Peralino en la investigación. Recordemos que en un primer fallo se absolvió a todos los comuneros y en un segundo juicio con las mismas pruebas se condenó a 3 personas”, dijo el defensor a EL DÍNAMO.

El factótum de Boric y su destacada trayectoria en Derechos Humanos y en el conflicto mapuche 

En abril de 2021, Interferencia.cl aprovechó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había elegido un recurso patrocinado por cinco abogados, especializados en el conflicto mapuche, para revisar el caso de José y Luis Tracal, y José Peralino. Sin embargo, el nombre del principal asesor del Presidente electo, prácticamente, no era destacado, pese a su trayectoria en el tema.  

Ya en sus días de alumno, Matías Meza-Lopehandía era el ayudante de la profesora Nancy Yáñez, especialista en derecho indígena, ligada al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Fue ella quien lo invitó a trabajar a la Región de la Araucanía, cerca de Temucuicui, cuando tenía 26 años. De hecho, su tesis de grado en la Universidad de Chile, la hizo sobre conflicto mapuche y en su dedicatoria recordó a “víctimas de Temucuicui”, “en especial a sus niños que padecen cotidianamente represión policial y discriminación, la violencia de la negación de los derechos de su pueblo mapuche”.

“Ahí él conoció de cerca la cultura, la calidez y lucha del pueblo mapuche. También fue testigo de la violencia y de sus efectos en los niños”, señaló uno de sus cercanos.

Además, Meza-Lopehandía colaboró en el Centro de Investigación y Defensa SUR, junto con la Convencional Constitucional de escaños reservados, Natividad Llanquileo, y con los abogados Sebastián Saavedra y Pablo Ortega, estos últimos también del equipo jurídico que presentó el recurso ante la CIDH.

SUR, según su página web, es una organización dedicada “a la protección de los Derechos Humanos de ciudadanos/as mapuche y no mapuche que han sido acusados de delitos asociados a la protesta social, en que incluso se han invocados leyes de excepción (Ley Nº 18.314 Sobre Conductas Terroristas y ley Nº 19.927 de Seguridad Interior del estado) por parte del Ministerio Público y cuya invocación han sido amparadas por otras instituciones del Estado”.

Explicaron que también han patrocinado causas en las que interviene la Justicia Militar en el procesamiento de civiles, y casos en contra de agentes del Estado por la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica de personas indígenas y no indígenas a través del ejercicio de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.