Convencionales presentan norma de amnistía “sin condiciones”: incluye a Hernández Norambuena
La iniciativa, que busca comprender el periodo desde 1990 a la fecha, considera también a los involucrados en la muerte de Jaime Guzmán y en el caso Bombas.
Los convencionales cuestionaron que miembros del MIR, Movimiento Juvenil Lautaro y el FPMR "fueron perseguidos, encarcelados y condenados en los años 90 por su relación a estos grupos". AGENCIA UNO/ARCHIVO
Constituyentes presentaron una iniciativa de norma para una amnistía “total y sin condiciones” para los llamados presos políticos desde 1990 a la fecha, considerando entre ellos a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Movimiento Juvenil Lautaro y los involucrados en el caso de envío de una bomba a Rodrigo Hinzpeter.
La propuesta se llama “Iniciativa constituyente por término a la prisión política en el Estado de Chile, de transición pactada, pueblo Mapuche y Estallido 18 de octubre”, consignó T13.
Junto con ello, definieron como presos políticos como “toda persona privada de libertad, ya sea en virtud de una sentencia condenatoria o bajo una medida cautelar restrictiva de libertad, por imputarse su participación, en cualquiera de sus grados, en actos de connotación política”.
En la misma línea, cuestionaron que miembros del MIR, Movimiento Juvenil Lautaro y el FPMR “fueron perseguidos, encarcelados y condenados en los años 90 por su relación a estos grupos”.
Entre los beneficiados de esta amnistía estarían Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Galvarino Apablaza, Raúl Escobar, Patricio Ortiz y Pablo Muñoz Hoffmann; además de los involucrados en la carta-bomba a Rodrigo Hinzpeter; Mónica Caballero Sepúlveda y Francisco Solar Domínguez.
Es por esto que la iniciativa “rechaza toda forma de prisión política” y se apuntará “conceder una amnistía total y sin condiciones, que brinde una solución definitiva a los abusos sistemáticos y violaciones a los Derechos Humanos que se arrastran desde la dictadura militar de 1973”.
Además, se beneficiará “a todas las personas, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquier grado del desarrollo de los delitos, que se hayan cometido con intencionalidad política entre el 11 de marzo de 1990 hasta el plebiscito de salida”.
