Norma que estatiza servicios sanitarios pone en alerta a empresas del sector
Para Jéssica López, presidenta ejecutiva de Andess A.G., instancia que agrupa a las sanitarias, esta medida es un “retroceso de 30 años”.
La norma fue presentada por la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Carolina Vilches. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess A.G.) expresó sus reparos por la iniciativa constituyente que apunta a la estatización del sector.
Y es que la norma presentada por la convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, Carolina Vilches, apunta que es “responsabilidad del Estado otorgar servicios de producción y distribución de agua potable, como también servicios de alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas servidas a todas las viviendas e inmuebles conectados a la red”.
Junto con ello, “la prestación” de los servicios sanitarios correspondería al Estado de manera “directa y exclusivamente por organizaciones comunitarias de agua potable y saneamiento o bien por entidades públicas estatales, establecidas en conformidad a la ley.
Frente a esta situación, Andess A.G., que agrupa a las sanitarias privadas del país, recalcó en un comunicado que “la iniciativa también establece el deber del Estado de garantizar el derecho humano al agua potable de calidad y al saneamiento para las actuales y futuras generaciones, definición que compartimos, ya que lo esencial es avanzar para que todas las personas en Chile dispongan de estos servicios de forma digna, donde quiera que ellos residan”.
Los agrupados en el organismos cuestionaron que una estatización del sector no aborda la problemática de escasez ni el desafío de “seguir llegando con servicios sanitarios a toda la población de zonas urbanas y terminar con las restricciones al suministro en localidades rurales fuera de la acción de las empresas, donde no se cuenta con seguridad hídrica ni infraestructura sanitaria suficiente para el abastecimiento de agua potable”.
“Una eventual estatización de las empresas implicaría una carga fiscal no evaluada para el próximo gobierno, ya muy exigido con múltiples demandas sociales. Ello incluye la necesidad de realizar inversiones para los próximos 20 años de alrededor de 10 mil millones de dólares, destinados a mantener los estándares de servicio actuales en un escenario de cambio climático”, argumentaron.
Jéssica López, presidenta ejecutiva de Andess A.G., disparó que la norma “es una mala cosa, es como retroceder 30 años”.
“Esperamos que las propuestas constitucionales consideren que en las zonas urbanas de Chile hoy se cumple con el Derecho Humano al Agua y Saneamiento y que el foco de los cambios debiera estar en aquella población que hoy sufre por la falta de agua, como localidades rurales y campamentos”, indicó a El Mostrador.
