Solo un 11% de las escuelas pudo abordar el proceso constituyente en clases

Educación 2020, en colaboración con Ipsos Chile, entregó los resultados de la consulta #EstamosConectados con la Constituyente, la que evaluó la mirada de estudiantes, docentes y apoderados sobre el proceso de elaboración de una nueva Constitución, el que se puso en marcha con la instalación de la Convención Constitucional en 2021.

En el análisis participaron más de 730 docentes, apoderados y miembros de equipos directivos de todo el país, para conocer cómo están sintonizando con este momento histórico que abre paso a la posibilidad de una nueva Carta Fundamental.

Los resultados dieron cuenta de que si bien las comunidades educativas están interesadas en el proceso constituyente, reportan tener un bajo nivel de información sobre sus avances. Aunque un 80% de las y los docentes, profesionales de la educación y apoderados indica que le gustaría estar más informado sobre el tema.

Asimismo, valoran el proceso constituyente como un hito relevante para la formación ciudadana, pero declaran que existen pocos momentos concretos para abordarlo en la escuela: sólo un 11% indica que se han generado espacios para abordar este tema en sus establecimientos educacionales. 

Javiera Martínez, coordinadora de Políticas Públicas de Educación 2020, señaló que “ahora que la mayor parte de los y las estudiantes a lo largo del país están retornando a clases presenciales, tenemos una oportunidad única de abrir espacios de conversación y diálogo sobre el proceso constituyente con niños, niñas y jóvenes”.

“Los y las estudiantes secundarios jugaron un rol clave en el 2019 planteando la necesidad de avanzar hacia un Chile más justo y garante de derechos sociales, por eso es importante que en las escuelas se generen los espacios que permitan llevar de vuelta este proceso a ellos, contarles lo que está pasando, la relevancia de una nueva Constitución escrita de forma tan participativa, y recoger sus inquietudes sobre el proceso”, añadió.

Martínez explicó que existen múltiples formas de incluir al proceso constituyente en la educación como las clases de Orientación, de Historia, de Matemática, o en la nueva asignatura de Educación Ciudadana para 3º y 4º medio, además de los espacios de participación estudiantil. 

“En ese sentido, es importante promover y facilitar las condiciones para que las y los mismos estudiantes puedan organizar reflexiones y espacios de conversación respecto al histórico proceso que vivimos como país”, añadió. 

En la misma línea, el estudio mostró que tanto docentes como apoderados hablan con poca frecuencia sobre el proceso constituyente con los niños y adolescentes. Sobre esto, Alejandra Ojeda, gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile, comentó que “el mundo adulto ha remitido sus conversaciones sobre el proceso de constituyente a sus pares, ya sean familia, amistades o colegas. Sólo 34% de las personas adultas habla con sus hijos o hijas sobre el proceso constituyente, mientras que un 27% de los docentes aborda el tema con estudiantes. Y lo que indican estos resultados es que las y los estudiantes están muy interesados sobre este proceso único y trascendental para el país y desean contar con mayor información”.

Los resultados dieron cuenta, además, que existe una visión crítica de la Constitución actual y que hay altas expectativas del cambio constitucional en camino: el 58% de las personas considera que la actual Constitución no garantiza de forma adecuada el derecho a la educación (sólo un 27% cree que sí), mientras que un 68% indica que la nueva Constitución afectará de forma “positiva” la educación chilena, y sólo 26% de ellos está de acuerdo o muy de acuerdo con que en Chile el derecho a la educación está garantizado, independiente del nivel socioeconómico de cada persona. 

En relación a la definición de libertad de enseñanza, un 77% considera que la libertad de enseñanza debe estar orientada a definir proyectos educativos que aporten a la diversidad y pluralismo en el sistema educativo, y menos del 20% se inclina por la opción que la describe como la libertad de abrir y organizar establecimientos, como es entendida actualmente en la Constitución.