Convención: reconocimiento de la lengua de señas pasa a borrador de Constitución
“Esperamos que le pueda abrir paso a un grupo importante de la población que necesita que el Estado se haga cargo de proteger y de garantizar estos derechos”, precisó la coordinadora Loreto Vallejos.
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó este jueves 12 normas, donde destacan la que entrega reconocimiento a la lengua de señas, Chile como país oceánico y Chile es un Estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos, entre otros.
De los artículos con luz verde, el que obtuvo una amplia adhesión de 122 votos es el que declara a Chile como país oceánico. Así se establece que “es deber integral del Estado la conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros continentales, insulares y antárticos”.
La siguiente norma que pasó al borrador constitucional es el artículo 11, con 118 votos, que trata sobre interculturalidad: “El Estado es intercultural. Reconocerá, valorará y promoverá el diálogo horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíproco”.
Además, otros cinco artículos avanzaron parcialmente a la siguiente etapa, ya que de ellos se aprobaron diez incisos en total.
Se distingue, entre estos, el que “reconoce la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social”. Este obtuvo un amplio consenso con 132 votos favorables.
“Esperamos que le pueda abrir paso a un grupo importante de la población que necesita que el Estado se haga cargo de proteger y de garantizar estos derechos”, precisó la coordinadora Loreto Vallejos.
La votación más alta de la jornada la obtuvo el inciso 1 del artículo 15 de Supremacía Constitucional y Legal. Con 137 votos a favor establece que Chile es un Estado fundado en el principio de la supremacía constitucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los preceptos de esta Constitución obligan igualmente a toda persona, institución, autoridad o grupo.