Comisión de la Convención aprobó iniciativa popular que propone amnistía a presos del estallido

La comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó en general la iniciativa popular “por la libertad de los presos políticos de la rebelión popular”, la que propone una amnistía para los detenidos y condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social del 18 de octubre de 2019.

La propuesta, que logró más de 17 mil firmas en la plataforma oficial del órgano constituyente, fue presentada por el abogado Daniel Vargas Downing, ex candidato a constituyente por Antofagasta de la lista del trotskista Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR).

En el texto se estableció conceder “amnistía a todos quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados por hechos delictivos o que revistan características de un hecho delictivo consistentes en las figuras descritas en los cuerpos normativos que siguen: Del Código Penal los artículos 121, 126, 261, 262, 268 sexies, 268 septies, 269, 292, 293 y 294, 391 en grado de frustrado, 474 a 481. 484, numerales 1, 4, 6, 7 y 8 del artículo 485, 486 y 487, numerales 1, 4 y 21 del artículo 495, numerales 1 y 5 del artículo 496; y los que queden comprendidos en las figuras del 449 ter, 449 quater y el inciso final del 450 del Código Penal”.

La propuesta recibió 9 votos a favor y 8 en contra. Entre quienes la apoyaron estaban Mauricio Daza (INN), Manuel Woldarsky (Coordinadora Plurinacional), Hugo Gutiérrez (PC), Vanessa Hoppe (MSC), Manuela Royo (MSC), Rodrigo Logan (Colectivo del Apruebo), Daniel Bravo (Pueblo Constituyente), Ingrid Villena (Pueblo Constituyente) y Luis Jiménez (pueblo aymara).

Los votos en contra vinieron de parte de Christian Viera (FA) Daniel Stingo (FA), Ruth Hurtado (Chile Libre), Patricia Labra (RN), Luis Mayol (RN), Carol Bown (UDI), Tomás Laibe (Colectivo Socialista) y Andrés Cruz (Colectivo Socialista).

Con esta aprobación el proyecto deberá ser revisado en particular, para luego llegar al pleno. En esta última instancia necesitaría de los ⅔ de los votos, cifra que no estaría asegurada considerando lo estrecho de la votación en la comisión.