Comisión de la Convención rechaza iniciativas populares por la libertad de enseñanza

La comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional rechazó dos iniciativas populares de norma que superaron las 15 mil firmas en la plataforma oficial, y se se enfocaban en el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos.

Una de las propuestas desestimadas por los convencionales fue la de Acción Educar, la que quedó fuera de la discusión en el pleno a pesar de haber reunido más de 28 mil apoyos de la ciudadanía.

“Hoy quedó demostrado que gran parte de la comisión de Derechos Fundamentales es contraria al derecho preferente de los padres y la libertad de enseñanza. Aunque se argumente que aún quedan instancias, es claro que los convencionales han descartado la opción que vino desde la ciudadanía”, señaló el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez.

Según el directivo, la no consideración de esta propuesta pone en riesgo el financiamiento para la educación particular subvencionada. Esto significa que cerca de 1.9 millones de niños y jóvenes (lo que representa la mayor matrícula del país) que eligen estos establecimientos arriesgan quedar sin recursos para continuar sus estudios. “La consecuencia directa es que sólo quienes puedan pagar podrán elegir la educación para sus hijos”, manifestó Rodríguez.

Además, el rechazo implicaría una vulneración del los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, debido a que “se abre la puerta para que sea el Estado, o alguna otra entidad la que determine las características y el enfoque educación de los niños, y no sus padres o cuidadores. Incluso, podría ir en contra de los valores y preferencias de las familias. Las ramificaciones de esto afectan la libertad de conciencia, y otros derechos fundamentales centrales en una democracia”.

Rodríguez también explicó que la iniciativa popular rechazada también protegía la libertad de cátedra y la autonomía universitaria. “Esto son elementos centrales para un sistema de educación superior diverso y dinámico”, agregó.

“Quedamos a la espera de indicaciones por parte de los convencionales que apoyaron la propuesta, como también de que en el pleno de la Convención se pueda revertir este exceso de una mayoría simple. Lamentablemente, no se discutirá el texto de las iniciativas populares”, cerró el director ejecutivo de Acción Educar.

La otra iniciativa rechazada

Junto con esta iniciativa, la comisión revisó y rechazó la iniciativa presentada por Educación Libre y Diversa que también resguardaba la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

La convencional Claudia Castro (UDI) aseguró en un mensaje en su cuenta de Twitter que con esto se daba un “portazo a 27 mil firmantes”.

Críticas de los colegios particulares

El rechazo de las iniciativas populares de norma también encendió las alarmas de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS), que advirtió que con esto se vulnera la “autonomía de los padres para elegir la crianza y educación de sus hijos”.

En una declaración pública, la entidad afirmó que la decisión de la comisión “muestra una vez más que la desconexión de la Convención con la realidad del país es de tal magnitud, que resulta evidente están creando una Constitución para un país imaginario, pero sin ningún sustento, y ejerciendo un daño irreparable y grave al futuro de Chile, ya que el ser humano es diverso, y justamente para respetar esa condición, libertad de pensamiento, expresión y realización es que la educación requiere ser diversa”.

“Se desconoce la autonomía de las comunidades educativas, para dejar al Estado, que es el peor exponente de la educación chilena, y sus burócratas de turno, como únicos encargados de definir, imponer y uniformar la educación de sus hijos, lo que atenta gravemente contra un sentir ciudadano expresado mayoritariamente en diferentes encuestas y sondeos”, agregaron.

La coordinadora señaló que de no corregirse este tema la nueva Carta Fundamental corre el riesgo de no ser “la casa de todos”.