Pérdida de aprendizajes en pandemia afectó tres veces más a estudiantes de establecimientos públicos

Luego que el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, admitiera que el extenso cierre de las escuelas fue una “equivocación” comenzaron a surgir diversos estudios, que ratifican que la falta de clases presenciales impactó especialmente a los alumnos de niveles socioeconómicos bajos que asisten a los establecimientos educacionales públicos.

El centro de estudios Horizontal publicó un análisis denominado como “Un terremoto educacional: estimación de la brecha que dejó el cierre de las escuelas”. En el documento, se abordó la pérdida de aprendizajes estimada por los 71 días que los niños y adolescentes dejaron de asistir a los colegios debido a las restricciones sanitarias.

Ante la falta de resultados de una prueba estandarizada (aún no se realiza el Simce), los investigadores realizaron un modelo en base a evidencia internacional y datos sobre el cierre de escuelas entre octubre de 2020 y octubre de 2021.

Se estimó que, en promedio, entre esas fechas, la pérdida de aprendizajes fue de un 50,9%, con grandes disparidades entre los estudiantes, tanto por su nivel socioeconómico como por el tipo de establecimiento en el que estudian.

Mientras los alumnos de grupos socioeconómicos bajos que asistían a colegios municipales perdieron el 68,4% de los aprendizajes esperados, los pertenecientes al quintil más alto y que iban a recintos particulares pagados resignaron solo un 12,4% de esos aprendizajes. En el global, la pérdida en estudiantes de colegios públicos fue de 66,4%, contra 21,4% en aquellos de privados.

Alfonso España, investigador de Horizontal y autor del documento, señaló a El Mercurio que “la pérdida de aprendizajes en escuelas municipales es tres veces mayor que en los establecimientos particulares pagados”, por lo que “la pandemia solo exacerbó las desigualdades existentes”.

La investigación también entregó unas propuestas para revertir esta brecha, como nombrar “con urgencia un Delegado Presidencial con amplias atribuciones políticas y administrativas”, “repriorizar gasto público para hacer frente a este terremoto educacional, asignando hasta un 1% del PIB para planes, programas y políticas para cerrar las brechas”; “crear una Unidad Especializada en la Recuperación Educativa dentro del Ministerio de Educación”; y retomar “con urgencia” las mediciones estandarizadas de aprendizaje y socioemocionales.

Además, pide “mantener todos los establecimientos educacionales abiertos de forma permanente; hacer un acompañamiento personalizado a los establecimientos con desempeño académico insuficiente y a los estudiantes que presenten los índices más bajos de bienestar socioemocional; y disponer de recursos e ideas innovadoras que vayan más allá de las salas de clases”.