Defensor Nacional rechazó propuesta de la Convención para que el servicio integre un Consejo Superior
Carlos Mora cuestionó una indicación aprobada por la Comisión de Sistemas de Justicia, señalando que con ella se diluye la responsabilidad directiva y “se arriesga una excesiva burocracia”.
El defensor nacional, Carlos Mora, manifestó durante este jueves su rechazo a una indicación aprobada en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional, que deberá ser resuelta por el pleno durante la próxima semana, y que deja al servicio bajo la integración de un Consejo Superior.
Según el jefe de la Defensoría Penal Pública (DPP), dicha idea no garantiza la autonomía institucional e introduce intereses políticos al gobierno de la organización.
“Lo que propone la convención con respecto a crear un Consejo Directivo, que sería en un nuevo sistema de gobierno en la institución de la Defensoría Penal Pública, no nos parece razonable”, dijo Mora.
El defensor enfatizó que “hemos sido durante estos 21 años, dos veces ganadores del premio de excelencia institucional y, además, en múltiples oportunidades hemos sido finalistas”.
“Esto da cuenta que la figura del defensor nacional como figura potente, ha dado resultado”, insistió, agregando que la propuesta “no nos parece razonable, por varios motivos, uno de ellos es que se diluye la responsabilidad directiva, se arriesga una excesiva burocracia y, por último, existe la posibilidad de que la defensoría se politice. Para nosotros es importante mantener la figura fuerte de un defensor nacional para que sigamos por esta senda que ha dado excelentes resultados”, concluyó.
En el detalle, la propuesta de la comisión establece que la dirección de la Defensoría Penal Pública resida en un Consejo Superior y que designará, entre sus miembros, a un presidente y a un director ejecutivo.
En otro tema relacionado a la DPP, la Comisión de Sistemas de Justicia decidió reponer la figura del fiscal nacional, luego que el pleno rechazara en general la idea de quitar el cargo para reemplazarlo por el propio Consejo Superior.
La norma aprobada señaló que la dirección superior del ministerio público residirá en “la o el fiscal nacional y en un Consejo Superior, órgano colegiado y paritario”.
“Al Consejo Superior le corresponderá designar a la o el fiscal nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público”, agregó.