Cámara de Diputados aprueba el Acuerdo de Escazú y lo despacha al Senado
La Cámara Baja aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno, que busca ratificar la adhesión de Chile en el tratado medioambiental internacional.
La Cámara de Diputados aprobó durante este miércoles el proyecto que busca confirmar la incorporación de Chile al Acuerdo de Escazú, tratado internacional que busca garantizar el acceso a diversos derechos ambientales.
La propuesta, que fue impulsada por el Gobierno, recibió 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, siendo despachada al Senado para un nuevo trámite legislativo.
En la previa de la votación, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, planteó que “creemos que este es un hito fundamental para que Chile vuelva a insertarse en la comunidad internacional, pero sobre todo es un hito fundamental en materia de derechos ambientales y derechos humanos”.
El Acuerdo de Escazú establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.
También consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales. Particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.
En otro de sus puntos fundamentales, el tratado medioambiental pretende garantizar “un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
El 18 de marzo, una semana después de haber asumido el cargo, el presidente Gabriel Boric anunció que empujaría la aprobación del acuerdo, el que había sido desestimado por la administración del ex presidente Sebastián Piñera.
“Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo”, señaló el mandatario durante la firma del proyecto que fue enviado al Congreso Nacional.
Desde el Ejecutivo rechazaron que la adhesión de Chile implique posibles demandas de tribunales internacionales o complicaciones en materia de soberanía.