La ofensiva política y judicial de Karina Oliva contra el Frente Amplio

Un recurso judicial para revertir su expulsión de Comunes, que fue acogido y avanza en la Corte de Apelaciones. La denuncia de una operación política de tres diputadas y con participación su ex jefa de campaña Carolina García  y la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, para sacarla del partido. Un acercamiento político a Daniel Jadue y críticas al financiamiento de campaña del presidente Gabriel Boric. 

Estas son partes de la cruzada política y judicial de la excandidata al Senado Karina Oliva iniciada esta semana contra el Frente Amplio. 

El objetivo —según indicaron sus colaboradores a EL DÍNAMO— es “demostrar su inocencia en tribunales y ante la opinión pública” en medio de la investigación penal de la Fiscalía de Sur de Santiago, como presunta autora del delito de fraude de subvenciones del Servel, por irregularidades descubiertas en la rendición de gastos y la solicitud de millonarios reembolsos por su campaña a Gobernadora.

En ese contexto, luego de que en abril el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago levantó el secreto bancario de las cuentas corrientes de la ex candidata -y también de las de su administrador electoral Martín Miranda-, Karina Oliva volvió a remecer al Frente Amplio.

“Yo nunca he carreteado con el presidente Boric”

Justo al cumplirse seis meses del escándalo que sacudió a Comunes por la polémica rendición de gastos electorales, donde supuestamente hubo un desayuno feminista que costó en 50 millones de pesos, Oliva reapareció en la escena pública.

Y lo hizo denunciando una detallada operación política en su contra orquestada por su partido y un sector del Frente Amplio, apuntando a Revolución Democrática (RD). 

Además, lanzó varias recriminaciones contra el entorno del presidente Boric. Incluso, se dio el gusto de decir en su entrevista en Meganoticias “yo nunca he carreteado con el presidente”, de quien afirmó vive a una cuadra de su casa.

Ello fue interpretado en La Moneda como una alusión a reuniones sociales sostenidas en campaña, que incluían a dirigentes de la corriente Izquierda Autónoma, la que fundó el partido Comunes y que provenía de la época de Boric en la FECH.

La contraofensiva de los expulsados del Frente Amplio

Karina Oliva y un grupo de seis ex dirigentes de Comunes, expulsados a fines del año pasado, en medio del escándalo suscitado, anotaron hace unos días un triunfo. 

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación un recurso de protección presentado por el grupo  en contra el Tribunal Supremo de Comunes, que puede revertir la sanción partidaria decretada y reincorporar a los recurrentes al partido del Frente Amplio.

En la reciente entrevista de Meganoticias, aunque expresa con más detalle en el recurso de protección acogido, la ex candidata a senadora lanzó duras acusaciones contra Carolina García, su ex jefa de campaña, y considerada mano derecha de la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, también de Comunes, a quien también menciona en el texto judicial por chats de WhatsApp de un grupo del partido llamado “saneamiento de Comunes”.

García desmintió, en parte, a Oliva: “La rendición de gastos es responsabilidad exclusiva del administrador electoral y de la candidata”, señaló en su cuenta de Twitter, y advirtió que iniciará acciones legales si Oliva o su círculo “continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas”.

La “trenza” Toro-Boric-García

Según explican en Comunes, la ministra Toro, el presidente Boric y Carolina García mantienen una cercanía desde hace una década. 

Toro —tras egresar del exclusivo colegio La Girouette—  inició su carrera política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ahí participó en las marchas estudiantiles de 2009 y 2011 con Camila Vallejo, Giorgio Jackson e Izkia Siches. 

Indican que desde ese entonces Toro y García generaron fuertes lazos políticos con el Mandatario y que juntos fundaron la Izquierda Autónoma. Esta era la plataforma política que llevó a Gabriel Boric a presidir la FECh, mientras que Toro asumió como secretario general. Luego fue la primera presidenta de Comunes. En el recurso presentado en la Corte Izquierda Autónoma tiene un rol protagónico la llamada “operación política”.

“En la expulsión de Oliva y de nosotros se ve claramente una operación política de la elite del Frente Amplio, porque electoralmente Karina podía perjudicarlos en la elección parlamentaria. Ella tenía un liderazgo fuerte y provenía del sector más popular de Comunes, no de la Izquierda Autónoma, el lote más zorrón del partido. La élite del Frente Amplio se sentía inquieta por su figura”, afirmó a EL DÍNAMO uno de los incumbentes en el juicio.

Traiciones y “operación política”

En la entrevista con Meganoticias, Oliva acusó a Carolina García de no informarle de haber suscrito contratos comerciales con una empresa de Milton Lee, extesorero del PS, que fue investigado por el caso SQM y financiamiento irregular de la política. 

Manifestó, además, que Carolina García entregó “información falsa” y que “interesadamente” aprobó aportes cuestionados de Oliva. “García es operadora de Toro y su influencia en el partido es fuerte”, señala un testigos del proceso.

En tanto, en el recurso de protección, Oliva y los demás requirentes, culparon también a García de usar su influencia en la directiva de Comunes para intervenir en el Tribunal Supremo (TS), presionando para que se expulsara al grupo de “forma ilegal y arbitraria”. 

Los 7 dirigentes, liderados por la ex candidata al Senado, fueron un paso más allá. En el texto legal presentaron pantallazos de un grupo de WhatsApp denominado “saneamiento de Comunes”, a cuyos miembros señalan como partícipes de la operación para expulsarlos. En estos figura el nombre de Toro. También se acusa a las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas de “operar” para sacarla del camino. 

 El texto reclama que se usaron criterios políticos “moralizantes más que legales”, que sostiene son ilegales y arbitrarios, y alega que en la investigación penal, por el delito de fraude de subvenciones del Servel, no se han encontrado pruebas que den cuenta de qué se haya cometido delito alguno por parte de Karina Oliva y el administrador electoral de la campaña Martín Miranda.

Además se acusa que dos miembros del Tribunal Supremo de Comunes no estaban inscritos en el Servel, como exige la ley, y que la integrante “Amaranta Tapia estaba inhabilitada” por ser subordinada de la diputada Claudia Mix, que solicitó la expulsión.

Por último, se expresa que en Comunes se actuó por un “cálculo electoral” donde Oliva y su lista tendrían una alta votación y que su electorado “en ningún caso tienen una identificación plena con la propuesta del Frente Amplio”.

 
Los días de Oliva fuera de Comunes
 

Desde diciembre pasado Karina Oliva había tenido un bajo perfil público. Explican que estuvo en familia, alejada de redes sociales y dedicada a actividades profesionales, que prefieren no comentar en su entorno. Pero sobre todo preparar su defensa legal y política, por ello mantiene contacto fluido con su abogado, Juan Carlos Manríquez, y con algunos de los recurrentes en el recurso de protección. 

Cuentan que celebraron su cumpleaños en febrero, que nunca más hablaron con el presidente Boric, ni con la mayoría de los miembros del comando presencial. También se han acercado algunas figuras comunistas como el ex abanderado del Partido Comunista y edil de Recoleta, Daniel Jadue. De hecho, afirman que este fue uno de los pocos que está en comunicación permanente con ella, consultándole cómo se encuentra. También la invitó personalmente a un encuentro con el parlamentario británico Jeremy Corbyn, en marzo pasado.
 

La ex candidata a senadora no participaba en actos públicos desde noviembre, cuando CIPER publicó que, en su rendición de la campaña a la gobernación regional, siete militantes de su partido facturaron boletas que sumaban, en total, $137 millones. La publicación terminó por diluir las posibilidades de la carta segura de  Apruebo Dignidad para obtener un escaño en la Cámara Alta.
 

Investigación por Fraude

En la investigación penal, como presunta autora de fraude de subvenciones en la rendición de gastos y la solicitud de millonarios reembolsos de campaña, las sospechas del fiscal no se han disipado.  

La Fiscalía Sur consideró que funcionarios del Servel levantaron sospechas sobre sus gastos electorales y solicitudes de reembolsos, ya que  “los montos eran demasiado elevados” y “se repetían proveedores”. Por ello, el fiscal a cargo, Milibor Bugueño, no solo revisó los movimientos bancarios de la excandidata a gobernadora y al Senado, y de su administrador electoral Martin Miranda. 
 

“Las observaciones, generalmente, eran por asesorías o boletas de honorarios abultadas, mismo prestador de servicios en las dos elecciones, además que en la elección son 3 meses de campaña y en la segunda vuelta es un mes, se rendía un monto mayor incluso que la primera vuelta, siendo que el periodo de campaña es más acotado”, declaró el contador auditor Miguel Ángel Baeza, que participó de la revisión de cuentas electorales de Oliva.

El fiscal además logró el levantamiento del secreto bancario para analizar los movimientos, transacciones, cheques y depósitos de las cuentas corrientes, en cinco bancos, del empresario Marcelo Riffo Sáez, que según la causa, fue prestador del servicio del polémico desayuno feminista y  uno de proveedores principales de la campaña de Oliva. 

También se abrió el secreto bancario de la empresa de Riffo Eventos y Publicidad Marcelo Riffo EIRL, cuyos servicios y los de su dueño suman $140 millones. Asimismo, se revisaron las cuentas de la firma Sport Management Ltda, prestadora de otros servicios.