Comisión del Senado da luz verde a proyecto que acelera pago de pensiones de alimentos
Asimismo, se espera simplificar el trámite propuesto y evitar que en este tiempo se “distraigan bienes del deudor para evitar el pago”.
La instancia especializada – que ha insistido en su compromiso y con la celeridad a la tramitación- acordó abrir un breve plazo de indicaciones, hasta el 3 de junio. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Solo el 16% de las pensiones de alimentos son pagadas; es decir, hay un 84% de deudores, “que prefieren pagar otras obligaciones, ¡y no el alimento de sus hijos e hijas!”, reclamaron las senadoras y el senador integrante de la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género, instancia que en su última sesión respaldó en general, y por unanimidad, el proyecto sobre responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos.
La instancia especializada – que ha insistido en su compromiso y con la celeridad a la tramitación- acordó abrir un breve plazo de indicaciones, hasta el 3 de junio. Esto, pese a que el texto es de artículo único, pero esperan perfeccionar y, además, subsanar las observaciones que realizó la Corte Suprema.
“Nos sentimos muy comprometidas con esta demanda. Es una realidad que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada y la pandemia hizo explotar ante los ojos de la sociedad. Esto es violencia económica y buscamos hacer justicia con los hijos e hijas que esperan que sus padres cumplan con sus obligaciones”, son parte de las afirmaciones que realizaron las y el integrante de la Comisión.
Cabe recordar que el proyecto se enmarca en un mensaje y en la moción de las senadoras Claudia Pascual (PC), presidenta de la instancia especializada, y las senadoras integrantes Isabel Allende (PS), Loreto Carvajal (PPD), Paulina Núñez (RN), además de la senadora Yasna Provoste (DC).
Con todo, y tras una serie de audiencias, la Comisión espera abordar en particular, los temas planteados por las expositoras, además de las observaciones como: definir claramente un procedimiento general (al alero de este especial propuesto en el proyecto); acompañar de recursos la ley para, entre otros, aumentar dotación en juzgados, recursos humanos y tecnológicos y capacitación a incumbentes en el proceso.
Asimismo, se espera simplificar el trámite propuesto y evitar que en este tiempo se “distraigan bienes del deudor para evitar el pago”; evitar la elusión y evasión; incorporar la petición de oficio en el proceso; determinar qué sucede con los deudores informales y no bancarizados; impedir cualquier otra situación de violencia; entre otras.
