Salud mental, la nueva Constitución y el rol del Estado

La OMS entiende la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona, consciente de sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida. Es una concepción amplia que podría ser comprendida como un objetivo transversal que abarcaría múltiples políticas públicas, más allá de la salud. Además la ubica en una posición de bien público, socialmente determinado y que debe ser garantizado por el Estado, inseparable de la justicia, la inclusión social y la salud en su sentido general.

Más allá de la declaración de principios rectores, pensar sobre salud mental supone también reflexionar sobre las múltiples formas del sufrimiento humano, los determinantes sociales, históricos y económicos que dan forma a los malestares de cada época. La crisis desencadenada primero por el estallido social y luego por la pandemia (diferentes, pero ubicadas en una diacronía casi sin intervalos), dejaron en evidencia que la salud no es un gasto y que cuando los sistemas sanitarios son precarios, dejan en situación de desamparo social a sus ciudadanos y aumentan la pobreza de un país. 

No es casualidad que en 2021 se promulgara la Ley 21.331, que reconoce los derechos fundamentales de las personas con problemas de salud mental y discapacidad. Sin embargo, esta ley se promulgó sin un financiamiento claro y se circunscribe al ámbito de la salud medicalizado —necesario, pero altamente insuficiente— y, sobre todo, elide lo que es fundamental debatir: que la salud va de la mano con la garantía de derechos universales y que el Estado debe ser garante de ellos. 

Podemos promulgar marcos legales importantes, pero si no resolvemos el problema sustancial, vamos a continuar con la lógica del “voucher” y la subvención de ciertos derechos a través de bonos o ayudas específicas. El borrador de la nueva propuesta constitucional propone garantizar el derecho a la salud tanto física como mental. Se podría discutir la distinción, sin embargo es un primer paso para reconocer un derecho universal. No olvidemos que nuestro país ha sido denominado por muchos como “el laboratorio del neoliberalismo”, desarrollado de una manera única en el mundo, en tanto fue impuesto durante la dictadura militar y consolidado a través de la Constitución de 1980, que dejó “amarras” para que el modelo no pudiera ser cambiado. 

Hasta ahora, las mejoras en materia de salud se realizan siguiendo la misma lógica, es decir, perfeccionando el modelo de un Estado que solo subvenciona. Ahora bien, ¿qué permitiría un derecho universal? Por lo pronto, debatir una ley de salud mental que convoque a diversos sectores y que tenga financiamiento real, que sea pensada como una inversión, no como un gasto, para un Estado en el que solo el balance financiero cuenta. Considerar realmente un modelo comunitario y comprender que eso no se define solamente por el espacio físico, sino que por su inmersión y participación de la realidad comunitaria y de su complejidad, lo que supone una lógica fuera del modelo del box y extramuros. 

Terminar con formas de financiamiento por patología, así como, por ejemplo, garantizar el acceso a psicoterapia. Sabemos que en la actualidad los centros de salud están colapsados, pero aún antes de la pandemia, las atenciones psicológicas podían tener una frecuencia mensual con un tiempo reducido y controlado. 

No basta la garantía explícita de un derecho para modificar toda la política pública en materia de salud mental. Sé que nos esperan muchos años por delante, pero cuando un país aprueba un estado que garantiza derechos, abre un camino esperanzador.

 

Albana Paganini,

directora Clínica Psicológica UDP