Ley de Pesca: la dimensión humana

La palabra “pesca”,  se encuentra íntimamente ligada a la actividad de salir al mar y extraer un recurso. Pero, como actividad económica, no se reduce únicamente el proceso extractivo, sino que abarca todas aquellas actividades que se realizan antes (preembarque y embarque) y después (acopio, procesamiento, comercialización, etc.).

Como es de público conocimiento, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se solicitó la asistencia técnica a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a fin de revisar el texto de la Ley General de Pesca y Acuicultura y, en particular, las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.657 (Ley Longueira), a la luz de los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero.

Dicha revisión fue realizada por un equipo multidisciplinario de especialistas pesqueros, economistas y abogados con experiencia nacional e internacional, teniendo como referencia los principales instrumentos y acuerdos internacionales en la materia, tales como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; el Acuerdo de la FAO sobre Medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada; el Código de Conducta sobre la Pesca Responsable de la FAO; las Directrices Voluntarias de la FAO sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional y las Directrices Voluntarias de la FAO para lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala en el Contexto de la Seguridad Alimentaria y la Erradicación de la Pobreza.

El análisis se centró en 12 áreas: 1) Objetivo y principios de la Ley; 2) Política pesquera; 3) Institucionalidad y medidas de conservación y manejo sostenible; 4) Planes de manejo; 5) Regulación del acceso; 6) Áreas marinas protegidas; 7) Régimen de cooperación; 8) Investigación para la administración pesquera; 9) Seguimiento, control y vigilancia; 10) Registro de naves y pescadores; 11) Sistema sancionatorio y delictual; y 12) Trabajadores del sector pesquero.

Dentro de sus conclusiones, se reconoce que la referida ley Nº 20.657 incorporó una serie de principios y mecanismos de una moderna legislación pesquera tales como: el principio de sostenibilidad, el enfoque ecosistémico y el principio precautorio, que evidencian la importancia que el país otorga al mantenimiento de los recursos pesqueros y su protección a futuro. Sin perjuicio de ello, el informe reconoce la existencia de lugar para mejorar la legislación y complementarla tanto a nivel de técnica legislativa, de elaboración de normativa complementaria como en su aplicación efectiva para alinearla con los instrumentos y buenas prácticas internacionales para la sostenibilidad y buena gobernanza del sector pesquero.

Dentro de sus recomendaciones, respecto del uso sustentable, se encuentra incorporar la perspectiva internacional, y elementos que contribuyan no solo a la sostenibilidad de los recursos, sino también a la del medio ambiente, la económica y la social. Asimismo, ampliar el concepto de Enfoque Ecosistémico de la Pesca para incluir los demás componentes bióticos y la dimensión humana del ecosistema; así como sus interacciones, aplicando un enfoque integrado de las pesquerías dentro de los límites ecológicamente significativos; y desarrollar mecanismos que aumenten la participación de actores sectoriales y con ello la transparencia en las decisiones. Finalmente, dentro de lo pertinente, se recomienda introducir el concepto de seguridad alimentaria.

Parte de dicha deuda, se aborda en la moción presentada de forma transversal por los senadores y ex senadores, Kenneth Pugh, David Sandoval, Jorge Pizarro y Rabindranath Quinteros y que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad económica y social para la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre otras materias, boletín 14.667-21, actualmente en tramitación en la Cámara de Diputados.

En efecto, se trata de un proyecto que busca introducir los conceptos de sostenibilidad económica y social del sector pesquero y acuícola, y de Seguridad Alimentaria y Cadena de Valor Alimentaria, y las definiciones que permitan visibilizar al personal embarcado y de plantas de proceso vinculados al sector industrial, reconociendo las diferentes realidades e intereses de las macrozonas, con especial atención en los territorios especiales y en las zonas extremas y aisladas, potenciando la toma de decisiones a nivel regional.

Se trata de un proyecto que, lejos de atentar contra la sustentabilidad, como se ha escuchado alegar a la barra brava de la nulidad, viene a profundizarla, poniendo a la persona humana, en sus diferentes dimensiones, como parte importante de la legislación.

De esta forma, en lo que respecta a la dimensión social, en línea con lo recomendado por FAO en el informe indicado; por las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala; el Convenio no. 188 de la OIT del 2007 sobre el trabajo en la pesca; y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, ratificada por Chile, especialmente en sus objetivos ODS 2;  se busca que las medidas de conservación y manejo consideren la importancia de los recursos pesqueros para las comunidades que dependen de las pesquerías, asegurando la participación sostenida de dichas comunidades y procurando minimizar los impactos económicos adversos en ellas en la medida de lo posible.

En consecuencia, estamos frente a una iniciativa que profundiza y mejora nuestra regulación reconociendo a todas las partes involucradas en la actividad pesquera (pre-captura, captura y post-captura), pero también acuícola, en la que hombres y mujeres de las diferentes actividades deben ser considerados en la toma de decisiones. La pesca y la acuicultura suministran alimentos para los mercados de todos los niveles (locales, nacionales e internacionales), representando una fuente de ingresos importante en la economía local. Incluir a todos los actores que integran la cadena de valor del sector no solo satisface una deuda histórica y pone a nuestra legislación al día con las recomendaciones internacionales, sino que permite que las pesquerías puedan garantizar un comercio justo y transparente, donde se brinden alimentos de calidad. Es de esperar que pueda seguir avanzando y convertirse prontamente en ley, en tanto apoya la pesca responsable y el desarrollo social y económico sostenible en beneficio de las generaciones presentes y futuras, promoviendo un enfoque basado en los derechos humanos.  

 

Eric Correa, 

abogado